• version imprimible
Miércoles, julio 19 de 2017

Ministro Valdés estima que aplicar a empresas públicas reglas distintas a las habituales podría encarecer y retrasar sus proyectos de inversión

  • El secretario de Estado asistió hoy a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la utilización de recursos públicos en Codelco, donde comentó que la controversia con la Contraloría puede generar incertidumbre respecto de contratos vigentes y costos de eficiencia hacia adelante.

Valparaíso, 19 de julio de 2017.- Una advertencia sobre los efectos en costos y en el ritmo de avance de los proyectos de inversión de las empresas pública, si les aplican normas distintas a las que las regulan, formuló el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, al intervenir en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la utilización de recursos públicos en Codelco. 

La autoridad planteó que si bien los objetivos de eficiencia, eficacia y probidad deben estar en el centro de la gestión de las empresas públicas, los instrumentos para llegar a ese objetivo pueden variar dependiendo de la estructura organizacional y la gobernanza de las compañías. Detalló que, en el caso de Codelco y otras empresas públicas, hay un gobierno colegiado y se cumplen las normas generales de las sociedades anónimas abiertas. Añadió que para Codelco además rige la ley específica sobre gobierno corporativo que derogó tácitamente normativas anteriores, aunque admitió que esto es tema de debate entre juristas y que por ello el directorio de Codelco está explorando la opción de la vía judicial en el caso de la controversia existente con la Contraloría General de la República. 

“Cuando uno le superpone un set de normas distinto, hecho para una lógica de gobernanza distinta, le pone más candados al tema, pero esos candados no son gratuitos en el sentido de que la superposición de regulaciones hace al final que haya cosas que salgan o más caras o más demoradas”. A modo de ejemplo, dijo que si se define una estructura de compras “más robusta respecto de los temas que se están discutiendo” para un proyecto grande de Codelco que estará operativo en 20 años más, eso podría implicar que la producción se retrase en un año. “Hay que hacer un balance bien cuidadoso porque estos candados que estamos poniendo, que pueden ser muy útiles, pueden terminar siendo carísimos si es que al final del día se demora todo un año más”, comentó. 

Sobre lo planteado por la Contraloría, el titular de Hacienda estimó que se trata de “un cambio de criterio importante, que no había pasado antes”, y que como ministro también ha podido apreciar en el caso de Metro y ENAP. “Veo además un camino hacia meterse en el mérito de algunas decisiones, que también es completamente discutible”, opinó. Calificó de “importantes” los esfuerzos que se están haciendo entre Codelco y la Contraloría para construir acuerdos y dijo que “ojalá lleguen a buen puerto porque tenemos que tener empresas eficientes”. 

Advirtió que la diferencia de criterios en cuanto a la aplicación de la Ley de Compras Públicas puede generar incertidumbre respecto de contratos vigentes “que se asignaron de buena fe por la empresa bajo un conjunto de reglas”, mientras que hacia adelante dijo que podrían haber “más bien costos de eficiencia por aplicar un set de reglas que está pensado para una estructura de gobierno corporativo muy distinta a la de una empresa”. Destacó que Codelco ha ido modernizando su gobierno corporativo para tener los chequeos y balances necesarios, y que además “ha hecho avances en contención de costos totales, comparado con los del resto de la industria, que creo son adecuados”. 

La autoridad participó en la instancia en su calidad de integrante de la Junta de Accionistas de la empresa en representación de la Presidenta de la República y, por tanto, abordó exclusivamente los temas que conoce en el cumplimiento de ese rol, absteniéndose de responder sobre decisiones de la administración de la cuprífera estatal o de su directorio. Ejemplo de ello es el caso de los criterios que emplea Codelco para operaciones con partes relacionadas, donde al ser consultado precisó que desde 2015 la empresa se impuso un estándar más exigente que el de la Ley de Sociedades Anónimas, obligando aproximadamente a 2.000 trabajadores a estar afectos a estas regulaciones y no sólo al directorio. Añadió que, junto a la ministra de Minería, al aprobar la Memoria y Estados Financieros anuales toma conocimiento de cómo se ha aplicado en general esta norma.

Ir arriba