La percepción de que las certificaciones sectoriales pueden satisfacer plenamente las necesidades de transparencia, estandarización y comparabilidad en el mercado es una comprensión parcial de la función y el impacto potencial de una taxonomía sostenible. La realidad en el mercado, incluido el chileno, es que la falta de un marco estandarizado para las certificaciones ESG y sostenibles presenta un desafío significativo. La existencia de más de 600 calificaciones y clasificaciones ESG, junto con 4,500 indicadores clave de desempeño (KPIs) de ESG, según un estudio de MIT Sloan en 2023, ha creado un panorama saturado que complica la comparabilidad y la transparencia.

Y aunque es cierto que existen numerosas iniciativas sectoriales que buscan estandarizar los criterios de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial (ESG), la necesidad de una taxonomía nacional se hace aún más  evidente al considerar la diversidad de portafolios en el sector financiero, que a menudo abarca múltiples industrias, y la necesidad de contar con criterios claros y coherentes en todos los sectores económicos para la toma de decisiones informadas y la divulgación efectiva de información sobre sostenibilidad. Además, en términos de interoperabilidad, algunas de estas certificaciones pueden ser nacionales y otras, aunque internacionales, no necesariamente utilizadas ampliamente por los socios comerciales de la nación. Una taxonomía nacional, alineada con las establecidas por los principales socios comerciales, evitaría la fragmentación de los mercados, facilitaría la inversión transfronteriza y el flujo de capitales.

Finalmente, una taxonomía sostenible no solo unifica y amplía los estándares sectoriales existentes, sino que también los complementa al incorporar estas mejores prácticas dentro de un marco unificado, asegurando que se cumplan los objetivos de sostenibilidad a un nivel macro. Esto refuerza la importancia de una taxonomía como herramienta esencial para avanzar hacia una economía más sostenible y transparente.