La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó esta tarde, por amplias mayorías, tanto en la votación general como particular, el proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los trabajadores públicos desde diciembre de 2022. La iniciativa del Ejecutivo, que más temprano había sido aprobada por la Comisión de Hacienda de la Corporación, fue así despachada al Senado.

Luego de un acuerdo suscrito el 2 de noviembre entre el Gobierno, representado por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y los gremios de la Mesa del Sector Público y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el proyecto de ley propone, en lo esencial, un reajuste de 12% para las remuneraciones de los trabajadores públicos cuyos ingresos sean iguales o menores a $2.200.000 bruto mensual, mientras que para aquellos funcionarios con rentas superiores establece un reajuste fijo en pesos de $264.000 bruto mensual.

El reajuste aplica para todos los trabajadores públicos, según las condiciones señaladas, exceptuándose sólo las altas autoridades de la Nación.

Junto con agradecer a los diputados de la Comisión de Hacienda y del pleno de la Sala, la ministra Jara destacó que el reajuste eleva las rentas en el “mismo porcentaje de inflación para aquellos que tienen remuneraciones brutas mensualizadas inferiores a $2.200.000, y que alcanzan al 89% de los trabajadores públicos, sumando, además, un reajuste mensual fijo de $264.000 para las remuneraciones superiores. Esto lo señalamos porque ha sido un esfuerzo fiscal importante, un esfuerzo de diálogo fiscal importante que nos ha mandatado el Presidente de la República, a fin de llevarlo adelante en el marco de lo que se denomina trabajo decente y diálogo social”.

“Para nosotros no es indiferente si llegamos o no a un buen acuerdo con los funcionarios públicos, por el contrario, creemos que la función pública y el Estado se fortalecen para prestar un mejor servicio a la ciudadanía”, agregó la secretaria de Estado.

Desde el punto de vista financiero, el proyecto de Ley tiene un costo de $500.836 millones para este año (dado que hay beneficios que comienzan a regir el 1° de diciembre) y de $2.981.762 millones para el 2023, recursos que según explicó el ministro Marcel, están contemplados en la Ley de Presupuesto.

“Vamos dando pasos en la dirección correcta, pero es mucho el terreno que hay que recorrer y, por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer en materia de remuneraciones del sector público. Así que vamos tratando de darle la mayor consistencia posible a este tipo de decisiones para tener un sistema de remuneraciones ordenado, que sea más fácil de comprender y que, a la vez, vaya conciliando de la mejor manera posible los intereses de los trabajadores del sector público con los compromisos que tenemos todos como servidores públicos con la ciudadanía", agregó.

Por su parte, la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, valoró el apoyo “transversal en la Cámara de Diputados. Como Gobierno nuestra gran preocupación fue mejorar la situación de los trabajadores públicos que se encuentran en una situación más vulnerable y que se han visto más afectados por la inflación. Y cumplimos ese objetivo en conjunto con la Mesa del Sector Público, con la que trabajamos durante largo tiempo. Espero que este espíritu de diálogo se mantenga y se replique en otros proyectos”.

La Sala de la Cámara rechazó sólo un artículo en votación particular. Se trata del artículo 69 que, entre otros aspectos, facultaba a alcaldes para, durante el 2023, eximir del control horario de jornada de trabajo a las funcionarias y a los funcionarios municipales regidos por la ley N°18.883 y por el título II del decreto ley N°3.551, de 1980, hasta el 20% de la dotación de personal municipal, quienes podrían realizar sus labores fuera de las dependencias municipales, mediante la utilización de medios informáticos.

Con todo, además de los señalados guarismos de reajuste, el proyecto contempla los valores para aguinaldos y bonos, otros beneficios para trabajadores de rentas bajas y zonas, y mesas de trabajo conjunto para abordar distintas temáticas laborales de interés para el sector público.

Carlos Insunza, coordinador de la Mesa del Sector Público, sostuvo que el acuerdo tiene un “carácter integral” y, en esa línea, valoró la “proyección de la continuidad de las mesas de trabajo que hemos desarrollado este año y la ampliación de éstas en materias tan importantes como la reducción de la jornada laboral a 40 horas en el sector público, la implementación del Convenio 190 sobre la erradicación de toda forma de violencia en el mundo del trabajo, el debate para una norma de teletrabajo permanente, que efectivamente el Estado empleador se haga cargo plenamente de terminar con las modalidades excepcionales y garantice un trabajo decente también en aquellos espacios”.

Otros aspectos del proyecto

El proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del sector público regula, además, aspectos adicionales al guarismo, aguinaldos y otros beneficios. Entre ellos, los siguientes:

• Planes de incentivo al retiro:

El proyecto propone prorrogar, de forma excepcional, el plazo de postulación a las leyes de incentivo al retiro para las personas que, al 1 de enero de 2023, tengan 70 o más años y cumplan los demás requisitos que regulan esos incentivos.

Además, establece un beneficio para funcionarios municipales y trabajadores de cementerios municipales que, habiendo postulado en el proceso del año 2021 al incentivo al retiro del sector municipal y que hubieren quedado en el listado con derecho preferente, podrán acceder anticipadamente al cupo respectivo en caso de padecer enfermedades terminales o Alzheimer, debidamente acreditado.

Se prorroga hasta el 31 de mayo de 2023 el plazo para solicitar el bono post laboral, establecido en la Ley 20.305, para los exfuncionarios y exfuncionarias que, cumpliendo los requisitos legales para acceder a él, no presentaron la solicitud para impetrar dicho bono o que habiéndolo solicitado no hubiesen accedido por motivos no imputables a ellos.

• Normas de trabajo remoto:

Se considera una transición desde la modalidad actual de trabajo remoto producto de pandemia del Covid-19 a una situación de régimen de Teletrabajo en el Estado. En este sentido, el proyecto faculta a jefes de servicio y rectores de universidades estatales a eximir del control horario a un porcentaje máximo de la dotación de su personal, para lo cual deben regular, entre otros, las funciones susceptibles a ser desempeñadas bajo modalidad de trabajo remoto; mecanismos de rendición de cuentas de las labores encomendadas que aseguren el correcto desempeño de la función pública; protocolos de seguridad y derecho a desconexión de funcionarios.

De acuerdo con la agenda acordada entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, una mesa de trabajo desarrollará el seguimiento periódico de la implementación de esta normativa y abordará la discusión de una regulación legal permanente sobre Teletrabajo en el sector público.

• Contratación de honorarios en municipalidades y universidades estatales:

Para la adecuada implementación del dictamen de Contraloría General de la República, y en línea con el proceso gradual para la administración central que se ha iniciado en la Ley de Presupuestos recién promulgada, el proyecto de ley de reajuste precisa las funciones que pueden ser ejercidas como honorarios en municipalidades y universidades estatales, y permite la gradualidad de este proceso.

En el caso de las municipalidades, se faculta al traspaso de honorarios a Código del Trabajo. Para facilitar este proceso, en un lapso de cuatro años se realizarán aportes a los municipios para apoyar en forma transitoria (por dos años) a cubrir parte del mayor costo producto del traspaso

• Medidas para apoyar la revinculación y la retención de estudiantes:

Se faculta a los sostenedores de establecimientos educacionales a utilizar en 2023, y de forma extraordinaria, los saldos en la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para el desarrollo de planes y acciones que tengan por objeto la revinculación o continuidad de trayectoria educativa de estudiantes con riesgo o en situación de abandono educativo.

Asimismo, se permite que, con cargo a la subvención pro retención los sostenedores desarrollen actividades destinadas a asegurar la continuidad y trayectoria educativa integral de los y las estudiantes que tengan un riesgo de abandono educativo, tales como planes y acciones de retención y continuidad educativa, y la mantención de un equipo escolar de acompañamiento para dichos fines, entre otras.

• Aguinaldo para pensionados

Adicionalmente, la ley de reajuste regula los siguientes beneficios para pensionados:

• Aguinaldo de Fiestas Patrias por un monto de $23.261 e incremento por cargas familiares de $11.933, beneficiando a 2.903.595 pensionados.
• Aguinaldo de Navidad por un monto de $26.734 e incremento por cargas familiares de $15.104, beneficiando a 2.945.552 pensionados.
• Bono de Invierno por un monto de $74.767 que beneficia a 1.630.997 pensionados, de los cuales 1.288.756 corresponden a beneficiarios de la PGU. Estos son 302.886 personas más que los beneficiarios de 2021 (por PBS o APS) antes de la implementación de la PGU.