Luego de un fructífero diálogo con todos los sectores para buscar acuerdos y que concluyó con un protocolo de salud sobre la mesa, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de Ley de Reajuste General de Remuneraciones del Sector Público a su siguiente trámite constitucional, en el Senado. 

Durante tres jornadas, los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda discutieron y respaldaron la iniciativa que, en su objetivo principal, define un reajuste de remuneraciones del sector público, lo cual se refrendó en la Sala con una aprobación en general de 130 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención. Esta iniciativa establece un aumento de las remuneraciones de un 4,3%, cifra que es fruto de un acuerdo con 15 organizaciones de la mesa de negociación del sector, mientras que para los bonos, aguinaldos y reajuste de remuneraciones mínimas se fija un incremento de 4,8%. 

El ministro de Hacienda, Mario Marcel valoró la votación: “Lo primero que tenemos que celebrar es el hecho de haber concluido el primer trámite legislativo del reajuste que, como reajuste, beneficia a alrededor de 850.000 trabajadores y en términos de otros beneficios, particularmente bonos, llega a más de 1.100.000 trabajadores del sector público. También se ha aprobado la mayor parte de lo que era la ley miscelánea. El componente misceláneo de este proyecto de ley, que como señalamos, es algo que se viene incluyendo como parte de la Ley de Reajuste hace bastantes años con tal de resolver muchos temas que van quedado pendientes, por ejemplo, en la Ley de Presupuesto o que tienen o que requieren alguna aprobación urgente para efectos de iniciar el año siguiente”.

En tanto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, valoró el respaldo de las y los diputados al proyecto de ley y señaló que “los dirigentes de la Mesa del Sector Público han mostrado mucha voluntad para alcanzar un buen acuerdo que permita, por un lado, proteger el poder adquisitivo de los funcionarios, en línea con el resguardo de los recursos fiscales, y entregar el mejor servicio a la ciudadanía, que es el principal motor de esta iniciativa. Esperemos que la búsqueda de acuerdos se pueda replicar en otros ámbitos tan necesarios para la vida de las y los chilenos”. 

Además de las normas del reajuste, la secretaria de Estado destacó que “existe una agenda acordada con la Mesa del Sector Público que también establece compromisos de orden laboral, como, por ejemplo, que ningún servidor público tendrá un salario que sea menor a $500.000 desde el próximo año. Ello, con el objetivo central de otorgar el mejor servicio público a las personas”.

Se estima que este reajuste de remuneraciones beneficiará a 844.934 trabajadores, mientras que los bonos y aguinaldos a otras 3.946.962 personas (beneficiarios activos y pasivos). 

Cambios en el proyecto y artículos destacados

Durante el paso del proyecto por la Cámara de Diputadas y Diputados, y con la voluntad de alcanzar acuerdos, se realizaron algunos cambios al articulado en diferentes materias. Es así como se logró acuerdo sobre la norma que permite un reajuste de un 0,5 % para las remuneraciones del sector público a contar de junio 2024 si el IPC superara el 3,8%. 

A esto se sumó una indicación que faculta a la Subsecretaría de Justicia para dotar de infraestructura al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Se le permitirá programar y proponer la adquisición, construcción, adecuación y habilitación el Fisco de inmuebles para este organismo. 

Se aprobó el artículo 83 que permite extender la vigencia de las normas que regulan la entrega de recursos a través del Bolsillo Familiar Electrónico hasta abril de 2024. Los fondos necesarios se destinaron a través de la Ley de Presupuestos 2024.

También se aprobó el artículo 84 que regula la continuidad operacional de los casinos de juego en los periodos de vacancias que podrían producirse tras el proceso de otorgamiento de un permiso de operación de un “cupo de reserva”. Con esto se permite la continuidad del casino existente hasta el inicio de operaciones de uno nuevo que operará en dicha región. Esto estará sujeto al pago de una tasa mensual de 5% sobre el promedio mensual de ingresos bruto, monto a beneficio fiscal por el periodo extendido. 

Otro punto es la extensión del mecanismo para recuperar el impuesto específico al petróleo diésel. A través de la aprobación del artículo 95, se extiende esta disposición desde el 31 de diciembre de 2023 al 31 de marzo de 2025. 

Se extiende la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 de las leyes de incentivo al retiro para la Administración Central del Estado, Junji, Atención Primaria de Salud, Servicios de Salud y Otros, Docentes, No Académicos de Universidades Estatales, Académicos de Universidades Estatales, Poder Judicial, Congreso Nacional y Médicos y Profesionales de la Salud.

Por otro lado, la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó entre otros temas, el Artículo 61° del proyecto de ley, que planteaba la prórroga, por el próximo año, de la facultad de jefes y jefas de servicios de subsecretarías y de los servicios públicos dependientes de ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República de eximir del control horario de jornada de trabajo establecida en el artículo 66 de la ley N°21.526, para un máximo de funcionarios que no podrá exceder el 20% de la dotación de ese servicio. Al mismo tiempo, se indicaba que quienes resultaran sujetos a esta modalidad, debían realizar presencialmente labores en las dependencias institucionales en, al menos, tres días dentro de la jornada semanal.

Frente a la eventualidad de reponer algunos puntos rechazados, el ministro Marcel sostuvo: "por los plazos con los cuales se está discutiendo este proyecto de ley, las materias que fueron rechazadas no se pueden reponer en lo que resta de la tramitación. Hay una parte de ellas que pueden incorporarse en otros proyectos de ley, por ejemplo, los dos temas de educación como el adelanto del SLEP de Chiloé y el nombramiento de un director provisional de SLEP, probablemente se van a poder incorporar en la reforma de la Ley de Educación Pública, que se va a presentar en las próximas semanas”.

Protocolo por la salud

Dentro de los diversos temas planteados en el proyecto de Ley de Reajuste está el artículo 99, que establece modificaciones al Indicador de Costos de la Salud y que permite el adelanto del reajuste anual del precio base de los contratos de salud desde junio a abril de 2024. Esto a raíz de la necesidad de responder a la crisis de las Isapres y el fortalecimiento del sistema de salud en su conjunto. 

La ministra de Salud, Ximena Aguilera manifestó: “A nosotros como Gobierno lo que nos interesa es la mantención de los beneficios de las personas, la continuidad de los tratamientos y dar certidumbre. En ese sentido tomamos esta medida, que para la gente significa que van a tener el beneficio de la reducción del cobro producto de la prima GES que será una reducción sustantiva, que la Superintendencia estimaba en un 12% en promedio del cobro por el total de las Isapres y que posteriormente en abril van a tener el reajuste, si es que se aprueba en la Comisión del Senado, un adelantamiento del proceso anual de reajuste. Las indicaciones que han incorporado los diputados han permitido, por cierto, mejorar esta propuesta del Ejecutivo, en el sentido de que, dado que se va a adelantar tres meses el reajuste, ese reajuste se va a mantener con tres meses posterior de vigencia, es decir, que va a mantenerse por más tiempo compensando a los afiliados”.

Luego de una discusión extensa, el Gobierno y los parlamentarios suscribieron un protocolo que permitió avanzar con esta disposición. El documento se tituló: “Protocolo de acuerdo para la gestión de la crisis de ISAPRE y el fortalecimiento del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y la Superintendencia de Salud (SIS)” y se acordaron cuatro puntos, entre lo que destaca la aprobación de la Ley Corta de Isapres a más tardar en abril de 2024 para cumplir con los plazos establecidos por la Corte Suprema; adelantar la adecuación de precios base: el compromiso de parte de la Superintendencia de Salud para anticipar la suspensión del cobro a los menores de dos años que mandató la Corte Suprema.