La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó ayer el texto general del proyecto de ley que crea un Registro de Deuda Consolidada (Boletín N° 14.743-03) por 118 votos a favor y 2 abstenciones, y envió a Comisión Mixta solo dos artículos: el 5, referido a las reglas de acceso por parte de los reportantes; y el artículo 25, que modifica el artículo 17 de la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos Personales, a fin de permitir que el acceso a información de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial -con ciertas restricciones de dicha ley- sea tanto de obligaciones incumplidas (“deuda negativa"), como de obligaciones cumplidas (“deuda positiva”). 

Lo anterior implica que, aunque los datos se hayan obtenido de una fuente de acceso público, no pueden tratarse para fines distintos de aquellos que autorice la ley o que haya autorizado su titular. Es decir, el acceso a este registro sigue restringido por la idea de finalidad y por tanto el uso de la información debe ceñirse a lo establecido en el artículo 1 del proyecto: “con la sola finalidad de evaluar, respecto de personas determinadas, el riesgo comercial, riesgo crediticio y la gestión de riesgos para operaciones específicas”.

La Comisión Mixta estará integrada por las diputadas Flor Weisse (UDI), y Javiera Morales (CS), y los diputados Miguel Mellado (RN), Daniel Manouchehri (PS), y Boris Barrera (PC) y los integrantes de la Comisión de Economía del Senado: senadora Loreto Carvajal (PPD), y senadores Rojo Edwards (Independiente), Kenneth Pugh (RN ), Gastón Saavedra (PS) y Gustavo Sanhueza (UDI). 

Este proyecto —que empezó a tramitarse en 2021 y fue objeto de indicaciones tanto en la Cámara como en el Senado— crea un registro público y gratuito, pero no único, cuyo objetivo es contribuir a combatir los problemas derivados de la parcialidad de la información por la vía de aumentar la competencia y, con ello, aumentar el acceso al crédito y a mejores condiciones de financiamiento crediticio; reducir el sobreendeudamiento de las personas y empresas de menor tamaño; fortalecer la educación financiera y mejorar la fiscalización y propiciar el oportuno diseño de políticas públicas.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, enfatizó: “Si el Ejecutivo le dio suma urgencia a este proyecto es porque contar con este tipo de registro refuerza la protección de los derechos de las y los deudores respecto de sus antecedentes financieros; y propicia que se generen mejores condiciones de plazo y tasas en los créditos, así como la prevención del sobreendeudamiento, que hoy aqueja a muchas familias ya sea porque las evaluaciones de riesgo no consideran la trayectoria de los buenos pagadores, o por el desconocimiento de las personas respecto de cómo opera el sistema”. 

Además, enfatizó que “no es inocuo que Chile sea el único país de la región que aún no cuenta con un registro que consolide la información crediticia tanto negativa (deudas impagas) como como positiva (historial de acreencias pagadas) de las personas”. También relevó que el proyecto de ley permite la coexistencia de este registro público y gratuito —tanto para los deudores como para los reportantes de la información— con los administrados por burós de crédito u otras entidades.

El Proyecto establece que todos los oferentes de crédito- bancarios y no bancarios-, además de algunas entidades adicionales (como oferentes de créditos automotrices) deberán informar ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre las obligaciones de sus clientes. Actualmente solo los bancos, sociedades de apoyo al giro y cooperativas de ahorro y crédito con más de UF 400.000 de patrimonio están obligados a reportar a la CMF el monto de los créditos otorgados a personas naturales y jurídicas; lo que excluye a algunos oferentes de crédito no bancario. Además, obliga a reportar tanto la información negativa como positiva. 

Por lo tanto, el proyecto representa una mejora para quienes están al día con sus créditos ya que esa información podrá ser considerada por las entidades financieras a la hora de otorgar un refinanciamiento o un nuevo crédito; establece el derecho de protección de sus datos, bajo fiscalización de la CMF. También incorpora un concepto acotado de olvido financiero, al no exhibir información de deudas prescritas, alineado con las modificaciones que se están introduciendo a la ley de datos personales, y reconoce a los deudores como dueños de su información financiera, estableciendo una serie de derechos que podrán ejercer ante los reportantes, y, en última instancia, ante la CMF. Además, permitirá adecuar el capital y provisiones de las instituciones financieras, lo que debiera traducirse en mejores tasas para los consumidores financieros.