La sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este jueves, por 131 votos a favor y una abstención, el proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca corregir el parámetro de referencia de la Pensión Garantizada Universal (PGU). De esta forma el texto fue despachado a segundo trámite al Senado.

Además de agradecer a las y los diputados por el apoyo al proyecto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, explicó que con la ley actual de la PGU “se cambiaron los parámetros habituales de la política pública y de la forma de focalizar, efectuando un cambio desde excluir al 10% más rico de la población, para pasar a excluir al 10% más rico de las personas mayores, lo cual genera, en los hechos, que las personas que quedan fuera de la PGU lo hacen con un ingreso mucho más bajo y, por tanto, les resulta muy inexplicable la razón de no calificar en el beneficio. Con este cambio de criterio, en régimen, se espera que se incorporen 76.000 nuevos beneficiarios a la actual PGU, con un gasto fiscal que bordea los $ 147.000 millones”. 

Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó en la Comisión de Hacienda de la Cámara que analizó el proyecto, que el costo sería algo menos el primer año, dado que la incorporación de los beneficiarios podría ser más gradual. “Con esto, más todos los casos que se han ido incorporando dentro de las facultades que hoy día existen, ya estaríamos llegando a una cobertura de la PGU muy similar a la que se aspiraba cuando se discutió el proyecto el año pasado", señaló.

De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo, bajo el actual mecanismo de cálculo, que fue establecido en la Ley 21.419 que creó la PGU a inicios de 2022, se restringió el umbral para definir el 90% que califica para recibir el beneficio, toda vez que la población mayor de 65 años es más vulnerable que la población total del país. De este modo, personas que no forman parte del 10% más rico de la población total del país no acceden al beneficio por el parámetro etario definido en la mencionada ley.

Lo anterior significó un cambio de criterio respecto a la forma de cálculo de los beneficiarios de la Ley 20.255 que creó la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario de vejez, que beneficiaban al 60% de la población total de menores recursos del país.

Contenido del proyecto 

En concreto, el proyecto de ley introduce modificaciones a los artículos 10 y 25 de la Ley 21.419, ampliando el universo de focalización de la PGU desde la población de 65 años o más a toda la población del país.

Además, se regula que el IPS verificará de oficio el cumplimiento de los requisitos de las personas que, habiendo postulado, no accedieron a la PGU porque el requisito lo situaba dentro del 10% más rico de la población de 65 años o más del país.

Informe Financiero

El Informe Financiero que viene aparejado con el proyecto indica que por la modificación en la forma de cálculo del universo de beneficiarios y la consecuente ampliación se estos, existirá un gasto adicional por parte del Estado.

Señala que, en el primer año de aplicación de esta fórmula, habrá 73.220 beneficiarios adicionales, lo que significará un mayor gasto de $ 107 mil millones, mientras que para el segundo año habrá 71.380 beneficiarios adicionales, lo que implicará un mayor gasto de $ 140 mil millones.

Para el tercer año, en tanto, se contempla un total de 69.560 beneficiarios adicionales, lo que representará un mayor gasto de $ 136 mil millones. Por su lado, para el cuarto año de aplicación, se prevén 68.730 ingresos adicionales al beneficio, implicando $135 mil millones de mayor gasto, lo que se incrementará a $ 140 mil millones al quinto año, con 70.120 beneficiarios adicionales.

Por último, en régimen, se contempla 76.070 beneficiarios adicionales, lo que significará un mayor gasto de $ 168 mil millones.