El Ejecutivo, representado por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), encabezada por David Acuña, suscribieron este lunes un protocolo de acuerdo para el reajuste del ingreso mínimo mensual, en el que se destaca el alza a $500.000 durante el próximo año, con lo que, al materializarse, se cumplirá con uno de los compromisos del Programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La firma del acuerdo conlleva, en concreto, la presentación de un proyecto de ley al Congreso Nacional que contempla la siguiente gradualidad para llegar a dicho monto: un incremento desde los actuales $410.000 a $440.000 el 1 de mayo de 2023; luego, a $460.000 el 1 de septiembre de 2023; y, posteriormente, alcanzar los $500.000 el 1 de julio de 2024. Posterior a esa fecha, a todo evento, se acordó efectuar un reajuste automático del ingreso mínimo mensual conforme el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se registre entre los meses de julio-diciembre de 2024 y que se concretará en enero del 2025.

Además, solo en el caso que el IPC acumulado durante 2023 supere el 6%, se realizará un alza previa de $10.000 el 1 de enero de 2024, quedando el salario mínimo en $470.000 en dicha fecha, para luego continuar con la gradualidad antes mencionada.

La ministra Jara valoró el acuerdo alcanzado con la CUT y señaló que “dentro de los compromisos del Programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric se establecía avanzar hacia un salario mínimo de $500.000 dentro de su mandato. Y lo que hoy día se ha hecho es anticipar un año el cumplimiento de dicho compromiso. ¿Por qué razón? Como sabemos, vivimos un período de ajuste económico importante, con altas tasas de inflación, debiendo los trabajadores soportar directamente la pérdida de poder adquisitivo durante este período”.

La secretaria de Estado explicó que el proyecto de ley ingresará al Congreso este lunes o martes, “pero efectivamente, vamos a pedir que, con urgencia, pueda ser visto por todas las comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, y esperamos que, con la debida celeridad, pueda estar antes del 1 de mayo aprobado, pero en caso contrario, como ha sido la tónica legislativa de todos los años en este tipo de materias, rige con efectos retroactivo”.

Por su parte, el ministro Marcel destacó la voluntad de diálogo y de búsqueda de acuerdos durante este proceso de negociación con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT): “Esta disposición es algo que echamos mucho de menos en el país, en muchos otros actores con los cuales interactuamos y en este caso las y los trabajadores están dando un ejemplo. Cuando esa voluntad existe, el Gobierno también está dispuesto a hacer esfuerzos como los que están contenidos en este acuerdo”.

Además, la autoridad explicó que se está dialogando con las pymes para apoyarlas, poniendo foco en aquellos sectores de la economía que son más sensibles al ingreso mínimo. “En el caso de las pymes vamos a contemplar una ayuda para que puedan absorber el costo del incremento del ingreso mínimo, tal como ocurrió el año pasado. Esto lo va a trabajar el Ministerio de Economía con las organizaciones del sector”, agregó.

También el ministro Marcel recalcó que dentro del acuerdo se reajustarán los tramos de la Asignación Familiar, “de esta manera, junto con el reajuste que ya se legisló para los montos de la Asignación Familiar, se van a reajustar los valores de todos los tramos de tal manera de que aumente el número de trabajadores que perciben este beneficio”. 

En tanto, el presidente de la CUT, David Acuña, comentó que “logramos avanzar en un ingreso mínimo de $500.000 para mejorar el bienestar de las y los trabajadores. Esta meta era un gran anhelo para la CUT y es a través del diálogo social que podemos lograr estos grandes acuerdos. El salario mínimo es una ayuda concreta y este acuerdo lo trabajamos con responsabilidad, por eso creemos que la gradualidad cumple al mismo tiempo con mantener estable nuestra economía y mejorar la vida de las y los trabajadores”.

“Esta negociación tiene varios componentes que impactan en los beneficios sociales, como el aumento de la Asignación Familiar, el Bolsillo Familiar Electrónico, entre otros. Para nosotros es importante fortalecer este tipo de diálogo que va más allá del monto y apunta a entregar soluciones concretas para las y los trabajadores”, cerró.

Beneficios y otros acuerdos

Además del reajuste a los valores del Subsidio Único Familiar (SUF) y de la Asignación Familiar (AF) del 20%, introducido por la ley N°21.550 (medidas para la Seguridad Económica), el acuerdo contempla reajustar los tramos de la Asignación Familiar a partir de mayo 2023, fijándose los siguientes:

        a) Primer tramo para beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda los $515.879.

        b) Segundo tramo para beneficiarios que su ingreso mensual supere los $515.879 y no exceda $753.496.

        c) Tercer tramo para beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $753.496 y no exceda $1.175.196.

Respecto de los beneficiarios cuyo ingreso sea superior a $ 1.175.196 no tendrán derecho a asignación.

En torno al Subsidio Mensual para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado, que rige hasta el 31 de diciembre de 2023, se aumentará en su tope a $500.000 el 1 de enero de 2024, y se prorrogará su vigencia hasta julio de 2024, cuando el ingreso mínimo mensual alcance dicho monto.

Respecto a la protección del poder adquisitivo de las y los trabajadores, el Gobierno y la CUT acordaron:

        a) Extender hasta mayo de 2024 el Bolsillo Familiar Electrónico, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2023.

        b) Se acordó la creación del Consejo de Seguridad Económica de las y los Trabajadores, conformado por la Central Unitaria de Trabajadores y los ministerios del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda, de Economía y de Desarrollo Social y Familia, con el objetivo de hacer seguimiento al comportamiento de los precios de los alimentos y otros productos de primera necesidad. Del mismo modo, este Consejo podrá proponer políticas públicas que tengan por objetivo asistir a las familias que se ven afectadas por las alzas de precios de estos productos, así como reducir y prevenir el sobreendeudamiento de éstas.

Sobre el fortalecimiento del actor sindical y el diálogo social como parte integral del trabajo decente, se acuerda proponer al Congreso proyectos de ley para, en primer lugar, potenciar el Consejo Superior Laboral con el objetivo de promover el diálogo social y relaciones laborales justas, a través del desarrollo de procesos de participación en la formulación de propuestas de políticas públicas.