El Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) suscribieron este martes un acuerdo en torno a una serie de mejoras sociales y laborales.   
El acuerdo se enmarca en las negociaciones anuales en torno al Ingreso Mínimo Mensual, que este año no contempla el componente salarial tras la aprobación en 2023 de un aumento escalonado que llevará este guarismo a los $ 500 mil a partir del próximo 1 de julio. 

Es así como el Ejecutivo, representado por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), encabezada por David Acuña, suscribieron esta iniciativa, que considera 10 materias de interés.

La ministra Jara explicó que el acuerdo plantea que “el próximo año se va a volver a negociar el monto del salario mínimo y en 2024 se ha adoptado que esa negociación no va a ser solamente como ha sido en años anteriores y,  diría que históricamente en nuestro país, sobre un monto, una cantidad de miles de pesos o sobre un porcentaje, sino que sobre criterios que tengan a la vista el costo de la vida, el nivel de endeudamiento de las familias, las posibilidades de las empresas, las brechas de género y los niveles de informalidad”. 

En tanto, el ministro Marcel, destacó que tras un mes de conversaciones con la Central lograron un acuerdo sobre materias sociales, “el año pasado se firmó un protocolo que incluyó un aumento del ingreso mínimo escalonado que va a llegar ahora en julio a $500.000, sin embargo, concordamos que a estas alturas del 2024 tendríamos igualmente un diálogo de otras materias sociales, laborales, legislativas, regulatorias de interés para los trabajadores y para el Gobierno. Este acuerdo recoge justamente eso”. 

La autoridad valoró la conformación de un Observatorio de los Ingresos y Costo de Vida para generar más información sobre remuneraciones. “Este es un acuerdo bien completo, y estamos muy contentos de haber podido en esta oportunidad concluir este diálogo de manera exitosa por tercera vez durante el actual gobierno”, manifestó Marcel.

En tanto, el presidente de la CUT sostuvo que “hoy el acuerdo de salario mínimo ya no sólo corresponde a un monto, sino en avanzar en superar las múltiples dimensiones que afectan la calidad de vida de las y los trabajadores, para ir cubriendo las necesidades de las familias, por eso nos hemos enfocado en resguardar el bolsillo electrónico y establecer un compromiso que el próximo año pueda incorporarse nuevamente la discusión del bolsillo electrónico como una política pública permanente donde pueda contar con los recursos necesarios ”.

Además, David Acuña manifestó que “hay un compromiso, que hoy volvemos a ratificar por parte del gobierno, que es de poder contar en nuestro país con una negociación ramal la cual nos permita generar la justa distribución de las utilidades que hoy día generan también las empresas”.

Contenido del acuerdo

1.    Avanzar en la construcción de una política salarial integral, mediante:

a.    La creación de un Observatorio de los Ingresos y Costo de Vida de las y los Trabajadores, siendo una instancia de carácter técnico y tripartita que contará con representantes de las organizaciones de trabajadores, empleadores y el gobierno, constando de apoyo fiscal para su operación. El rol del Observatorio será evaluar el nivel, composición y distribución de los ingresos familiares de las y los trabajadores, su poder adquisitivo y las condiciones financieras y de bienestar en sus hogares. Esto permitirá suplir las limitaciones de los indicadores estadísticos actuales, así como la generación de políticas que apunten a mejorar las condiciones de vida y la equidad social en el país. 

El Observatorio tendrá como primera tarea generar un indicador de ingreso disponible familiar de los trabajadores, que considere las remuneraciones y subsidios asociados al trabajo, las brechas de género, los descuentos aplicados, los costos de vida relacionados con la vivienda, el transporte, la alimentación, la salud, el endeudamiento de los hogares y otros factores relevantes, alineándose a los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo respecto al salario adecuado o vital, el que debe permitir a las personas trabajadoras satisfacer sus necesidades básicas y proporcionar un nivel de vida digno considerando las condiciones económicas y sociales de cada país. 
Asimismo, se reconoce la necesidad que este tipo de instancias respondan a una política de Estado, buscando propiciar su reconocimiento institucional de manera que sea un objetivo de las políticas públicas laborales evaluar permanentemente el presente componente. 
Este observatorio deberá emitir un informe que será un insumo para la discusión del Ingreso Mínimo Mensual en marzo de 2025. 

b.    Presentar un proyecto de ley destinado a garantizar el principio de igualdad de remuneraciones conforme a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, que busca garantizar que hombres y mujeres deben recibir igual salario por trabajo de igual valor, prohibiendo la discriminación salarial por motivos de género y promoviendo medidas para erradicar la tendencia a pagar menores remuneraciones en trabajos feminizados a pesar de su importancia social.

c.    Retomar el proceso de elaboración de un Indicador Sintético de la Calidad del Empleo en Chile, el que permitirá monitorear el progreso del empleo, identificar grupos vulnerables y guiar las políticas públicas en nuestro país, evaluando su efectividad en el tiempo. Esto se realizará mediante un diálogo tripartito al alero del Consejo Superior Laboral, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Asesora Ministerial de la Calidad del Trabajo que funcionó durante 2020 y 2021 con participación de trabajadores, empleadores y gobierno, junto con organismos internacionales y destacados académicos.  

d.    Reducir la informalidad laboral en el país, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, la protección y la organización social, en virtud de los principios de la OIT. Para estos efectos se constituirá una instancia destinada a evaluar tanto mecanismos para penalizar los abusos que se producen en torno a la informalidad, como estímulos para la formalización de emprendimientos y relaciones laborales que hasta ahora se producen sin vínculos contractuales ni protección social. 
Asimismo, se explorarán formas de reconocer y potenciar las organizaciones de trabajadores en estos sectores, como base para apoyar las políticas para la formalización.  
2.    Desarrollar, durante el tercer trimestre, un diálogo tripartito sobre la regulación de la negociación colectiva multinivel. Concluido este proceso, el Gobierno formulará una propuesta legislativa que se presentará en lo que resta del año 2024. Esta propuesta buscará garantizar plenamente la libertad sindical ajustándose a los estándares internacionales que buscan fortalecer, a través de mayor dialogo, la democracia laboral y promover desarrollo económico justo y equitativo, enfoque que también busca mejorar la productividad a través de la participación directa de las organizaciones sindicales y empresariales.

3.    En materia de Subsidio Único Familiar y Asignación Familiar acuerdan la entrega de un reajuste de 4,5% a partir de 01 de julio de 2024 a los valores del Subsidio Único Familiar y la Asignación Familiar establecidos en la ley N°21.550. 

Asimismo, se conviene la necesidad de ajustar los tramos de la Asignación Familiar en 4,5% a partir de 01 de julio de 2024 de manera de incluir a un mayor número de beneficiarios, quedando como sigue: 
a.    Primer tramo para beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $563.598.-  
b.    Segundo tramo para beneficiarios cuyo ingreso mensual sea mayor a $563.598 y no exceda de $823.195.- 
c.    Tercer tramo para beneficiarios cuyo ingreso mensual supere $823.195 y no exceda de $1.283.902.- 
Se realizará un ajuste en la forma en que opera el SUF y el AF, de modo de asegurar de que los beneficiarios del SUF, al transitar a un empleo formal, mantengan como Asignación Familiar el mismo monto que recibían en el SUF previamente a su formalización durante los siguientes dos años. 
4.    La reactivación por los meses de invierno del Bolsillo Familiar Electrónico, considerando las restricciones presupuestarias enfrentadas durante 2024. Asimismo, se considerará la incorporación permanente de este instrumento a la política social a partir del año 2025.  
También se inyectarán recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), para que el precio del kerosene se mantenga en torno a $1050 (promedio histórico RM).

5.    Con el objetivo de elevar los estándares laborales del país, el gobierno se compromete a avanzar en la ratificación de los siguientes instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de acuerdo con las directrices establecidas en dicha instancia tripartita: 

a.    Convenio N°155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores: El gobierno presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley para ratificar este convenio, el cual es parte de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, siguiendo la decisión tomada en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2022. 

b.    Convenio N°81 sobre la inspección del trabajo: Reconociendo el sistema de inspección laboral existente en el país, que cumple 100 años en 2024, el gobierno enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para ratificar este convenio, con el respaldo de la Dirección del Trabajo y la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo para identificar posibles brechas existentes. 

c.    Convenio N°149 sobre el personal de enfermería: El gobierno solicitará el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo y creará una instancia de dialogo y estudio que incluya a los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Salud, y a representantes sindicales del sector, con el fin de analizar las eventuales brechas entre este convenio y la legislación nacional, y determinar las medidas necesarias para subsanarlas. 

d.    Convenio N°102 sobre la Seguridad Social: El gobierno solicitará el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo para que emita un informe sobre las diferencias entre la normativa nacional y las normas mínimas establecidas en este convenio, con el propósito de identificar las brechas existentes.   

6.    Elaborar un estudio exhaustivo sobre los niveles de sindicalización en los distintos sectores económicos de nuestro país, con el objetivo de ofrecer recomendaciones basadas en evidencias que contribuyan al fortalecimiento de la actividad sindical en Chile y su rol en la formulación de políticas laborales más efectivas y equitativas. 

7.    Presentar un proyecto de ley para eliminar la posibilidad de descuento de la cotización del empleador al seguro de cesantía de la base de cálculo de la indemnización por año de servicios. Este se elaborará a partir de la evidencia generada por la obligatoriedad, a partir del 1 de mayo de 2024, de registrar la información relativa a la imputación de saldos dentro de los cinco días posteriores a la suscripción del respectivo finiquito, que fue establecida por la Ley N°21.628 de octubre de 2023, que flexibilizó los requisitos y mejoró las prestaciones del Seguro de Cesantía.   

8.    Se estudiarán posibles medidas para el fortalecimiento institucional de la Dirección del Trabajo, en el contexto de las leyes laborales promulgadas y en proceso de implementación durante el gobierno. El propósito de las referidas medidas será mejorar la capacidad administrativa y la eficacia en la fiscalización de dicha entidad. 

9.    En atención al deber del Estado de asegurar que las trabajadoras y los trabajadores tengan acceso oportuno a la justicia, se llevará a cabo una evaluación conjunta con el Poder Judicial sobre la propuesta de creación de un Tercer Tribunal Laboral en Santiago. Esta evaluación considerará la carga actual de procesos judiciales que mantienen los tribunales existentes y la importancia que tiene la tutela judicial para el cumplimiento de los avances laborales generados en el actual gobierno. 

10.    Se analizarán proyectos de ley actualmente en proceso de tramitación en el Congreso Nacional, con el objetivo que sean patrocinados por el ejecutivo, que busquen promover mejoras laborales en lo que respecta al cumplimiento de las condiciones de salud y seguridad de las y los trabajadores, considerando especialmente aquellos que aborden temas como la prevención de la violencia externa, el debido acceso a servicios sanitarios, la entrega de elementos de protección personal y otras problemáticas que afecten su calidad de vida.