Tras haber concluido a fines de marzo el primer trámite en el Senado, este miércoles el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece medidas para la prevención y alerta de actividades relacionadas con el crimen organizado (Boletín 15975-25) fue presentado en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado. De esta forma, se inicia el segundo trámite legislativo de la iniciativa. 

La iniciativa que cuenta con urgencia inmediata tiene como objetivo perseguir la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado, a través de nuevos métodos, tales como el análisis de datos, la trazabilidad de operaciones y la ampliación de rubros obligados a informar y la interoperabilidad de las unidades que conforman el Subsistema de Inteligencia Económica. 

Durante la jornada el ministro Marcel reiteró el papel central “que juega la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dentro del funcionamiento del Estado”. Y explicó que “la UAF no tiene por objetivo perseguir delitos, sino que lo que hace es levantar información, analizarla para detectar casos posibles de lavado de dinero y luego entregar esos antecedentes al Ministerio Público para que sea este el que evalúe la procedencia de una querella de carácter criminal y de otras actuaciones que ya son propias de la administración de la Justicia. La UAF no es una entidad que inicie por su cuenta ciertos procesos judiciales, sino que es una unidad de análisis de datos”, agregó.

Además, el titular de la cartera de Hacienda destacó que “el eje fundamental de este proyecto está en la configuración de este Subsistema de Inteligencia Financiera para hacerse cargo de un tema muy central de lo que es el fenómeno del crimen organizado, que equivale a una verdadera industria, cuyo propósito es obtener beneficio económico a partir de delitos usando el sistema financiero para blanquear ciertos recursos que provienen del delito. Entonces este es un tema muy central en la lucha contra el delito”.

En tanto, el subsecretario del Ministerio de Seguridad Pública, Rafael Collado, manifestó que “el proyecto es relevante para el país por cuanto permite aumentar las capacidades del Estado de Chile para perseguir el crimen organizado”. Y señaló que “incorporar a la UAF, al Servicio de Impuestos Internos y a Aduanas, al sistema de inteligencia permitiendo que la información que ellos recolecten pueda ser utilizada para análisis mayores en conjunto con otras de las agencias que forman parte del Sistema de Inteligencia del Estado va a permitir que el Estado de Chile, en caso de aprobarse ambas leyes -tanto la ley que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado como la ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica- pueda tener una capacidad que hoy no tiene y que permitiría desbaratar la economía criminal los mercados criminales que se forman luego de la comisión de los delitos”.

El proyecto fortalece el ecosistema de inteligencia económica abordando la creación de un Subsistema de Inteligencia Económica, integrado por la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas, quienes recolectarán información, la evaluarán y harán un análisis de información sobre actividades relacionadas con delitos tributarios de manera de alertar al Ministerio Público y al Sistema de Inteligencia del Estado. 

En segundo lugar, la iniciativa aborda la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas. Es decir, actualiza la normativa aplicable a los servicios públicos que integran el Subsistema y los demás órganos que ejercen labores de supervisión en materia económica –incluyendo la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Superintendencia de Casinos y Juegos y la Tesorería General de la República– para la prevención y alerta temprana. Además, en materia tributaria, se propone el establecimiento de sistemas obligatorios de trazabilidad para rubros de difícil fiscalización y que están relacionados con el crimen organizado; mientras que, en materia de prevención y detección temprana, se propone una actualización de la legislación aplicable a los juegos de azar. 

En tercer lugar, el proyecto apunta a las facultades intrusivas y sancionatorias, y considera el perfeccionamiento de las facultades del fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero de acceder a información sujeta a secreto y reserva bancaria. Y también, fortalece las facultades de investigación de la CMF a través de la incorporación de atribuciones como citaciones a declarar y la solicitud de medidas intrusivas y auxilio de la fuerza pública, a la vez que se aumentan las penas a quienes obstaculicen sus labores de fiscalización.

Esta iniciativa legal ingresó a primer trámite en el Senado el 31 de mayo de 2023, donde fue analizada en la Comisión de Seguridad Pública y luego pasó a Comisión de Hacienda, que a mediados de enero se pronunció sobre las materias de su competencia y aprobó el proyecto.