Nombran por Alta Dirección Pública a nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero
El Presidente de la República, Gabriel Boric, haciendo uso de las facultades que le confiere la Ley 19.882, que regula el sistema de alta Dirección Pública, ha nombrado como nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), tras realizarse el respectivo concurso, a Carlos Pavez Tolosa.
Pavez es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, abogado de la Universidad La República y posee una amplia experiencia en temas relativos a regulación, investigación de conductas de mercados y supervisión de instituciones financieras: se desempeñó como presidente del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile entre 2017 y 2018; previamente fue superintendente de Valores y Seguros entre los años 2014 y 2017; entre 2012 y 2014 ejerció como director jurídico de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras entre 2012 y 2014.
Adicionalmente, se ha desempeñado como experto externo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional, en el diseño y evaluación del marco normativo del sector financiero. También fue presidente de la Organización Internacional de Reguladores de Seguros, institución integrada por 19 países latinoamericanos, además de España y Portugal.
Proceso de selección
El concurso público para proveer este cargo se inició en diciembre pasado, con la publicación de la convocatoria en medios de circulación nacional y en el sitio web del Servicio Civil.
Se recibieron 161 postulaciones a través del sistema de postulación en línea y del servicio de búsqueda especializada. Tras las evaluaciones respectivas, el Consejo de Alta Dirección Pública entrevistó a nueve candidatos, enviando en abril la nómina a la autoridad facultada para efectuar el nombramiento.
La Unidad de Análisis Financiero tiene como misión prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Chile, mediante la realización de inteligencia financiera, la emisión de normativa, la fiscalización de su cumplimiento, la difusión de información de carácter público y la cooperación internacional con el fin de proteger al país y a su economía de las distorsiones que generan ambos delitos. Ejerce sus facultades legales en 38 sectores económicos diferentes y cuenta con una dotación aproximada de 70 funcionarias y funcionarios.