El Gobierno ingresó hoy al Congreso el proyecto de Ley de Cumplimiento Tributario, que busca recaudar 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) reduciendo las brechas en el pago de impuestos por elusión, evasión y/o subdeclaraciones involuntarias. Esta iniciativa es uno de los compromisos adquiridos en el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, específicamente en el quinto eje de Fiscalización del Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y Reforma del Impuesto a la Renta. 

La iniciativa, que no implica aumentar la carga tributaria de los contribuyentes, está compuesta de 7 pilares temáticos: i) Modernización de la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros; ii) Control de la informalidad; iii) Delitos tributarios; iv) Planificación tributaria agresiva; v) Nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente; vi) Regularización de obligaciones tributarias; vii) Fortalecimiento institucional y probidad. 

El ministro de Hacienda, Mario Marcel destacó la necesidad de legislar en esta materia considerando los altos niveles de brecha de cumplimiento tributario: “Las obligaciones tributarias están establecidas por ley, no es simplemente una cuestión moral. No es aceptable ni tolerable que algunos contribuyentes reduzcan de manera ilícita su carga tributaria, ya sea mediante la comisión de delitos tributarios o a través de la planificación tributaria agresiva”.

Con los recursos que se estima recaudar con este proyecto, se podrá financiar más de la mitad de los compromisos establecidos en el Pacto, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000, e incrementar el financiamiento para seguridad pública, entre otros. De hecho, según e l Informe Financiero que acompaña al proyecto, en 2024 se espera recaudar un 0,5% del PIB; un 0,7% en 2025 hasta llegar a 1,47% del PIB en régimen. Por el lado del gasto se estima un mayor gasto de $30.221 millones este año; $69.898 millones en 2025 y $81.010 millones en régimen, para el fortalecimiento institucional y tecnológico de los servicios asociados como el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas, la Tesorería General de la República, la Defensoría del Contribuyente (DEDECON). 

Respecto a la tramitación de este proyecto, Marcel sostuvo que “la discusión más sustantiva se dará de regreso del receso legislativo (febrero). Esperamos una tramitación rápida, porque si nos fijamos, por ejemplo, en el proyecto de reforma tributaria que se rechazó en marzo de 2023, los componentes de cumplimiento tributario se aprobaron en dos meses en la Comisión de Hacienda, así es que esperamos que ahora podamos ir incluso más rápido”.

Entre las principales medidas consideradas en el proyecto se destaca la modernización de  la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, para un mejor uso de las tecnologías disponibles en el ejercicio de sus procedimientos de fiscalización; el levantamiento del secreto bancario; se establece la notificación por correo electrónico en las actuaciones del SII, TGR, Servicio Nacional de Aduanas y Tribunales Tributarios y Aduaneros, como regla general; se modifica el delito que sanciona el comercio clandestino; se obligará a bancos e instituciones financieras a alertar cuando un contribuyente reciba más de 50 transacciones de distintas cuentas en un mes; se creará la colaboración sustancial para desbaratar estructuras delictivas tributarias incorporando el denunciante anónimo; se incrementarán las sanciones a quienes faciliten o utilicen documentos tributarios falsos, entre otras.

Respecto de la planificación tributaria agresiva, el proyecto refuerza que los contribuyentes no pueden alterar de forma ilegítima su carga tributaria, con esquemas diseñados para evitar o aminorar sus obligaciones tributarias o trasladar los beneficios hacia territorios con menor tributación, perfeccionando la Norma General Antielusión. Por otro lado, se contempla la regularización de obligaciones tributarias con tal de que los contribuyentes puedan saldar sus deudas modificando el cálculo de la tasa de interés y flexibilizando las condiciones para la suscripción de convenios de pago, y se fortalecerá la Defensoría del Contribuyente (DEDECON). 

Este proyecto se complementa con otras iniciativas como la de Inteligencia Económica y el Registro de Beneficiarios Finales, contribuyendo al combate contra el crimen organizado, el comercio informal, a fomentar la libre competencia y fortalecer el principio de igualdad ante la ley.