El Congreso Nacional retomó este miércoles la discusión de la reforma previsional que presentó el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en noviembre de 2022, y que fue aprobada en general en enero de 2023 por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y Diputadas.

En efecto, luego de que los ministros del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y de Hacienda, Mario Marcel, expusieron los alcances de las indicaciones ingresadas en diciembre pasado, la Comisión de Trabajo de la Cámara votó y aprobó parte del capítulo del proyecto de ley referido a las modificaciones al Decreto Ley 3.500, normativa que regula el sistema de pensiones. 

Entre las normas visadas por la instancia figuran la eliminación de las AFP, el paso a un esquema de fondos generacionales y la creación de los Inversores de Pensiones Privados y del Administrador Previsional.

La ministra Jeannette Jara valoró el respaldo a la iniciativa y destacó las modificaciones que se hicieron a la reforma a través de las indicaciones, en búsqueda de un acuerdo: “Hoy se ha iniciado la votación en particular del proyecto de reforma previsional, que introduce bastantes cambios respecto a lo que fuera la propuesta primitiva del Ejecutivo”, dijo.

Con las enmiendas, agregó, se buscó que la iniciativa fuera “más liviana” y que recogiera “distintas opiniones que se han dado desde el amplio espectro político del país, y que parte cambiando algo fundamental, que era la derogación del Decreto Ley 3.500, lo cual hoy día no se va a producir, sino que hay modificaciones que se introducen en dicha legislación”.

Por su lado, el ministro Mario Marcel se refirió al gasto fiscal que supone la reforma a las pensiones y explicó que irá creciendo con el tiempo, partiendo desde los $421.775 millones. En esa línea agregó que “crece hasta más de diez veces esa cifra hacia el año 2040. Esta es la razón, obviamente, de por qué es necesario que haya fuentes adicionales de financiamiento fiscal, porque estas son cifras muy significativas como porcentaje del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de cerca de 1,5% del Producto”. 

Normas aprobadas

Los parlamentarios de la instancia aprobaron a favor el numeral 3° del artículo 82° del Título 3°, que modifica el artículo 1 del DL 3.500, sobre normas generales del sistema, eliminando la referencia a que las administradoras de fondos de pensiones efectúan la capitalización individual. Es decir, se terminan las AFP. 

Al mismo tiempo, se aprobó la creación del Administrador Previsional, entidad que se encargará de las tareas de soporte, como recaudación y cobranza de cotizaciones, administración de cuentas, cálculo y pago de beneficios, consultas y atención de público. Esto, en un modelo similar al que existe actualmente en el Seguro de Cesantía. 

Para lo anterior, los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social realizarán una licitación para la creación de una empresa denominada Administrador Previsional, cuyo objeto exclusivo será realizar esas labores de soporte.

Del mismo modo, se visó la creación de los Inversores de Pensiones Privados (IPP), que competirán por los afiliados y que se encargarán sólo de gestionar la inversión de los ahorros previsionales de los trabajadores. Con las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, las cooperativas también podrán participar como inversores. 

Los parlamentarios también aprobaron la licitación de afiliados por un 10% anual del stock, con el objetivo de reducir el precio de las comisiones que cobran a los trabajadores. Se realizará la adjudicación considerando, entre otras variables, el menor precio y con el consentimiento del afiliado. 
Por otro lado, se ratificó el cambio en el esquema de comisiones que pagarán los afiliados a los IPP, pasando de la actual comisión por un porcentaje de las remuneraciones (flujo) a comisión por saldo, con el objetivo de alinear sus ingresos con los rendimientos de los fondos y los intereses de los afiliados. 

El paso del actual esquema de multifondos a uno de fondos generacionales también fue visado por la Comisión de Trabajo de la Cámara, lo que también impactará de forma positiva en el monto de las pensiones. Además, se aprobó que las comisiones indirectas, respecto de las inversiones en el territorio nacional, se eliminen. En tanto, se limitan y transparentan las que se efectúan en el mercado internacional.

Cotización adicional y PGU

Cabe recordar que, además de las normas respecto del DL. 3.500, la reforma considera otras modificaciones que se votarán en las sesiones siguientes de la Comisión. Entre ellas, el destino del 6% de nueva cotización, que será de cargo del empleador y que se distribuye en la fórmula “1,2,3”. 
Es decir, por una parte, un punto porcentual se destinará a fortalecer el empleo y la formalidad laboral de las mujeres, lo que a su vez derivará en mejores pensiones. Con esta fracción de la cotización adicional se financiará el derecho a sala cuna para madres y padres trabajadores en igualdad de condiciones, de modo que no suponga un castigo salarial a las mujeres o un desincentivo a su contratación. Asimismo, entregará una compensación por las mayores expectativas de vida de las mujeres.

Por otro lado, dos puntos porcentuales irán a la cuenta individual de cada trabajador o trabajadora. Este 2% tendrá un componente de solidaridad intrageneracional. Para tal efecto, un 30% se efectuará en relación al ingreso promedio de los cotizantes del Seguro Social. El otro 70% irá también a las cuentas individuales, pero en proporción al ingreso de cada trabajador.

Por último, tres puntos porcentuales se destinarán al Seguro Social que crea la reforma y que otorgará los siguientes beneficios para mejorar las pensiones de los actuales pensionados: un complemento por cuidados de terceros, que se adiciona al fondo del trabajador (con un tope de 24 meses), y una garantía de 0,1 UF por cada año cotizado, que se sumará a la pensión autofinanciada y la Pensión Garantizada Universal (PGU) si corresponde. La garantía tiene un tope de 3 UF (valor actual de $110.000 aprox.), lo que busca resguardar la sostenibilidad del instrumento.

Del mismo modo, la reforma plantea elevar el monto de la PGU a $ 250.000 y universalizar el beneficio.