Por amplia mayoría de 101 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de Ley de Reajuste al Sector Público y lo despachó al Senado para su revisión. La iniciativa inició su tramitación este martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara, que escuchó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, y a las asociaciones de funcionarios. 

A grandes rasgos, el proyecto incluye un reajuste general gradual de 4,9%, con el siguiente detalle: 3,0% en diciembre de 2024, 1,2% en enero 2025 y 0,64% en junio del mismo año; un reajuste de bonos de 4,2%; y un reajuste de 2% más para remuneraciones mínimas y bonos para rentas bajas -por encima del reajuste general-, quedando en 6,2% en enero y 6,9% en junio de 2025. Asimismo, se dispondrá la vigencia permanente de los bonos de navidad, fiestas patrias, escolaridad y vacaciones, asegurando su entrega anual oportuna evitando retrasos en los plazos de pago. 

El ministro Marcel valoró que el acuerdo alcanzado con las 15 organizaciones marcara la tramitación: "Este año por tercer año consecutivo, hemos tenido un acuerdo con la Mesa sector Público. En estas negociaciones valoramos mucho esos acuerdos. Marcan una diferencia muy significativa respecto de aquellos años en que la Ley de reajuste venía sin discusión, sin diálogo. Y en este caso, el diálogo ha sido particularmente fructífero, porque no solamente conduce a este reajuste, sino que también hace permanentes los incentivos al retiro”. 

El proyecto extiende de forma indefinida la vigencia de las leyes de incentivo al retiro correspondientes a las organizaciones gremiales firmantes, estableciendo los cupos y reglas de aplicación durante la transición, y reglas de adjudicación para cupos no utilizados. Además, se indica que a partir de 2027 los funcionarios y funcionarias de estas instituciones cesarán en sus funciones al cumplir 75 años y recibirán una indemnización equivalente al total de las remuneraciones con tope de 90 UF anuales, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis.

“Esto es lo que permite es que los funcionarios públicos se pueden retirar en condiciones dignas, y que cuando lo hagan, otros trabajadores más jóvenes puedan progresar en su carrera”, agregó la autoridad. 

El protocolo de acuerdo también incluye una agenda de trabajo para abordar materias como ausentismo, revisión de contratas o demandas de ministerios sectoriales, siguiendo con lo realizado durante el año en curso. La agenda está dividida en 10 grandes áreas, donde destacan las medidas para continuidad laboral, ausentismo laboral e incentivo al retiro. 

En la votación en la Cámara el Ejecutivo logró reponer el artículo 54, que busca incorporar una norma excepcional para aplicar durante 2025 a los propietarios de bosques con especies catalogadas en categorías de “casi amenazada”, “datos insuficientes” y “preocupación menor” para que puedan seguir usando los incentivos del fondo de conservación, recuperación y manejo sustentable del bosque nativo, administrado por Conaf y dar continuidad a los procedimientos de evaluación ambiental en proceso. 

El proyecto estaba siendo revisado durante la tarde por la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, en su segundo trámite legislativo.