Por 37 votos a favor y ninguno en contra fue aprobado en general en la sala del Senado el proyecto de Ley presentado por el Presidente de la República, que modifica diversos cuerpos legales para combatir el sobreendeudamiento de las personas, el cual anteriormente había sido ratificado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, en enero de este año. 

Tras la aprobación de la Sala, se abrirá el plazo para ingresar indicaciones y luego comenzar la votación en particular en la Comisión de Hacienda del Senado. “Por un lado, este proyecto propone medidas para facilitar el acceso al crédito, particularmente en el sector de la construcción y de la vivienda mediante ajustes a los programas de garantías vigentes a los Fogaes, por otro lado, contempla un programa de garantías para refinanciar deudas de consumo y comerciales también dentro del Fogaes apuntando a sectores altamente endeudados, y por último, contiene un conjunto de medidas para regular de mejor la aplicación de la ley sobre fraudes con tarjeta de crédito, dada la evidencia de un abuso de esta norma que va creciendo en el tiempo” explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

La iniciativa del Gobierno busca aliviar las deudas de 76 mil deudores, cuya carga financiera mensual se ubicaba en niveles de entre 31,7% y 76,7% de sus ingresos a marzo de 2023, según cifras entregadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El proyecto aborda cuatro ámbitos: modifica los programas vigentes del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes), Vivienda y Construcción; establece un nuevo programa de garantías para permitir el refinanciamiento de deudas comerciales y de consumo de personas sobreendeudadas; traslada a la CMF la facultad de regular el pago mínimo de las tarjetas de crédito; y modifica la Ley de Fraudes. 

Respecto esto último, el ministro Marcel se refirió al aumento de las cifras de fraudes: “el número de personas que conscientemente desconocen operaciones que ellas mismas han realizado es abrumadora. Desde que entró en vigor la ley de fraudes, las denuncias se han multiplicado varias veces, y al mismo tiempo se ha dado lugar a una verdadera escuela, por así decirlo, a través de la cual se difunde entre distintas personas lo que tienen que hacer para reclamar fondos simplemente desconociendo una operación que efectivamente han realizado”

Recordó, además, que la magnitud de estos fraudes es del orden de los 300 millones de dólares anuales. “El grueso de estos casos se concentran en BancoEstado por ser el banco que tiene un mayor número de cuentas bancarias. En febrero, la cifra de fraudes denunciados con tarjetas de crédito por parte de sus clientes se duplicó y llegó a los 37 millones de dólares”, detalló el ministro. 

Modificación ley de fraudes

El proyecto de Ley considera cambios a la ley de fraudes con tal de reducir conductas fraudulentas o de negligencia grave. Según cifras de la CMF, antes de la entrada en vigor de la ley de fraudes por cada millón de pesos transado, se desconocían $93. Luego de la ley, esa proporción aumentó: por cada millón transado, $587 fueron reportados como desconocidos. En promedio hay 60 mil eventos de desconocimiento de transacciones al mes, siendo BancoEstado la institución más afectada tanto en cantidad de usuarios como en montos. 

Esta iniciativa otorga facultades a la CMF para dictar estándares mínimos de seguridad, autenticación y registro y propone que las instituciones puedan suspender la restitución de los montos desconocidos, y ejercer acciones legales en aquellos casos donde exista información suficiente que permita presumir negligencia grave o dolo de parte del usuario. También busca ampliar los plazos de reembolso, pasando de cinco a diez días. 

Esto permitiría a las instituciones recabar los antecedentes suficientes. En particular, se establece un catálogo de presunciones de dolo o culpa grave para casos de desconocimiento de transacciones realizadas entre cuentas propias, o cuando el usuario reconoció haber entregado sus claves, entre otros casos.

Programa de Garantías de Apoyo al Sobreendeudamiento 

La iniciativa también crea el Programa de Garantías de Apoyo al Sobrendeudamiento, que tiene por objetivo que las instituciones financieras puedan refinanciar la deuda de las personas que posean un alto nivel de endeudamiento, medido como relación deuda a ingreso. Se espera que, dada la garantía estatal, las condiciones de pago de las deudas refinanciadas con la institución financiera sean más favorables a las de los créditos que sustituyan, generando así una reducción de la carga financiera mensual para personas naturales. 

Este es un programa al que se podrá postular durante un año, cumpliendo varios requisitos como que el total de la deuda de consumo o comercial sea 6 veces superior al total de los ingresos mensuales de la persona, sin considerar un crédito hipotecario; y setenta veces superior si se cuenta el hipotecario.
De acuerdo a antecedentes de la CMF, en el grupo de menor ingreso la deuda mediana asciende a $ 3 millones; mientras que en aquel con ingresos entre $ 1 millón y $ 1,5 millones, la deuda mediana alcanza los $10,5 millones. 

Mecanismos para fijar y regular el pago mínimo en tarjetas de crédito 

A marzo de 2023, el 14% de los montos facturados de las tarjetas de crédito en los bancos pagaban menos que el mínimo exigido. En el caso de los emisores de tarjeta no bancarios un 54% de los montos facturados pagaba solo el mínimo o menos, según datos de la CMF. 

El proyecto otorgaría la facultad a la CMF para que defina una fijación del pago mínimo que genere efectos positivos en las finanzas personales de los consumidores, ya que, al disminuir el tiempo necesario para pagar la deuda, también disminuyen los costos totales del crédito y la posibilidad de morosidad.

Programas Vigentes: Fogaes Construcción y Vivienda 

Además, el paquete de medidas considera la ampliación de la cobertura del Fogaes Construcción, a través de la flexibilización del monto de ventas anuales para que una empresa sea elegible (permitiendo empresas con ventas de menos de UF 100.000). En el caso de empresas constructoras que trabajen en proyectos con mandantes públicos (tales como Ministerio de Vivienda, el MOP o el Ministerio de Salud), estos se eximen del tope de UF un millón.