“La transparencia en la forma en que el sector público adquiere bienes y servicios no solo impacta en la eficiencia de la gestión y del gasto, y por ende en el bienestar de las personas, sino que también es una de las anclas a la integridad de la actividad económica del país, contribuyendo a generar reconocimiento externo como un buen lugar para hacer negocios e inversiones”, dijo la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, al intervenir en el seminario inaugural de la Expo Compras Públicas sobre “Modernización del sistema de compras públicas para mayor transparencia y eficiencia en las contrataciones del Estado”.

Berner relevó que  “cuando partió el sistema de compras públicas, en agosto de 2003, con la misión de generar un cambio sustancial en las prácticas de adquisiciones mediante la implementación de un sistema electrónico transparente, probo, eficiente, accesible a empresas de todos los tamaños, probablemente nadie proyectaba que 21 años después las transacciones de organismos del Estado a través de la plataforma de ChileCompra ascenderían a US$17.634 millones anuales, cerca de 5,3% del PIB, que involucra a más de 110.000 proveedores”.

Luego abordó los cambios introducidos por la Ley N° 21.634, publicada en diciembre de 2023 que vino a modernizar integralmente la Ley de Compras Públicas, y que introdujo modificaciones en todos los aspectos clave, con el objetivo de aumentar la transparencia, fortalecer la competencia, la participación de Empresas de Menor Tamaño y optimizar la eficiencia en las adquisiciones del Estado.

“Se incorporó en la ley un capítulo relativo a la probidad administrativa y transparencia en la contratación pública", que incluye exigir antes de licitar una etapa formal de preparación de la contratación, regulando el estándar de los procedimientos. Una vez abierto un proceso, toda comunicación entre oferentes y funcionarios debe canalizarse exclusivamente a través de la plataforma MercadoPublico.cl para asegurar la trazabilidad y la igualdad entre los oferentes”, recordó.

También destacó que la ley amplía las incompatibilidades y deberes de abstención: ningún organismo puede hacer contratos de compras con su propio personal ni con parientes de estos hasta segundo grado. Para los directivos y quienes intervienen en el proceso la prohibición se extiende por un año tras el cese del cargo. Además, los funcionarios que participan del proceso de compras públicas deben firmar declaraciones de ausencia de conflicto de intereses y confidencialidad.

“Un cambio cultural relevante es que el personal involucrado —incluidos los honorarios— debe realizar la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) cada seis meses, lo que involucra a más de 60 mil funcionarios. En materia de transparencia activa, se ordena publicar íntegramente en el sistema los contratos adjudicados por trato directo, así como las acciones judiciales que surjan de ellos; y se crea un canal reservado de denuncias administrado por la Dirección de Compras Públicas”, detalló la autoridad.

Tras la intervención de la subsecretaria expuso Verónica Valle, directora de ChileCompra, quien luego participó de un panel junto a Cristóbal Padilla, director de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente; y Michel Figueroa, director de Chile Transparente.

Este encuentro ferial —organizado por la productora Cofesi y que cuenta con el patrocinio de la Dirección ChileCompra— se realiza hoy y mañana en el Centro Cultural Estación Mapocho, con el objetivo de reunir a proveedores y compradores del Estado y difundir los avances del proceso de modernización del sistema de compras público chileno y su implementación bajo los ejes de transparencia, eficiencia, participación, innovación y sustentabilidad.

El evento es gratuito para los asistentes y tiene especial relevancia dada las modificaciones en la ley N°19.886 de compras públicas, que desde diciembre han implicado cambios significativos en la plataforma de compras públicas www.mercadopublico.cl, donde las entidades del Estado adquieren una gran variedad productos y servicios para su funcionamiento y para prestar servicios a la ciudadanía. 

Las compras públicas son fundamentales para la satisfacción directa e indirecta de las necesidades de la población, permitiendo el buen funcionamiento de los organismos públicos.