La Comisión de Hacienda del Senado aprobó por unanimidad el proyecto que modifica la Ley N°20.128 de Responsabilidad Fiscal, que forma parte del fast track legislativo del Pacto Fiscal. Ahora, la iniciativa -que pasará a llamarse Proyecto de Ley que Promueve la Responsabilidad y Transparencia en la Gestión Financiera del Estado- deberá ser analizada por la Sala del Senado para luego seguir al tercer trámite legislativo para posteriormente convertirse en ley.

En la ocasión, los senadores respaldaron transversalmente la normativa y la calificaron como un gran avance en las políticas públicas del país. Valoraron el hecho de fortalecer la responsabilidad fiscal y que la modernización de esta ley fuese mediante un proceso que contempló instancias de retroalimentación.

Sobre el particular, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó: “El Ejecutivo acogió las propuestas surgidas de la mesa de trabajo constituida entre el gobierno y los asesores de los senadores lo que permitirá fortalecer la regla de Balance Estructural.  Entre las nuevas normas se contempla incluir en el artículo primero un pronunciamiento sobre la política de activos, y se explicitará que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) deberá emitir una opinión fundada sobre cualquier reemplazo en el decreto de política fiscal. También se realizarán ajustes a la cláusula de escape para circunscribirla a escenarios que excedan el marco de gasto o deuda y se refuerza el rol del CFA, entre otros”.

Entre las indicaciones del Ejecutivo aprobadas por la comisión de Hacienda del Senado en este trámite, destaca la introducción de una regla dual dentro del Decreto de Política Fiscal que debe presentarse al inicio de un nuevo gobierno con las metas de Balance Estructural. Así, el contenido del decreto deberá contener un pronunciamiento explícito sobre las implicancias y efectos que tendrá sobre el Balance Estructural en cada año de Gobierno, y un ancla de deuda de mediano plazo, medido a través de la Deuda Bruta del Gobierno Central. Adicionalmente, en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) a publicar inmediatamente después de que el Ministerio de Hacienda dicte dicho decreto, se deberá incorporar un pronunciamiento sobre el rol de la política de activos del Tesoro Público durante su período.

Otra innovación es que se introducen las Cláusulas de Escape, que permitirán desviarse de las metas fiscales ante eventos extraordinarios y transitorios, ajenos al accionar propio de la administración, y cuando ocasionen un deterioro significativo en la actividad económica, el empleo o perjudiquen considerablemente la situación financiera o sostenibilidad económica y/o social del país, y que deban ser enfrentadas con un desembolso de recursos fiscales más allá del que permitan los objetivos de Balance Estructural y endeudamiento, por un plazo de hasta dos años. Las causales de activación de estas cláusulas de escape serían la ocurrencia de uno o varios desastres naturales; o eventos nacionales o internacionales que ocasionen un deterioro significativo de las condiciones macroeconómicas. Además, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) deberá emitir su opinión respecto al cumplimiento de los criterios de activación.
 
Asimismo, entre otras consideraciones, las indicaciones establecen que el CFA deberá emitir su opinión acerca de la idoneidad de las metas para la sostenibilidad fiscal; se deberá informar sobre el cumplimiento de las metas tras el cierre definitivo de cada año fiscal; y que la sustitución del decreto será exclusivamente cuando se active una Cláusula de Escape o por otras causales extraordinarias, justificándose e informándose de manera detallada al Congreso y al CFA, el cual deberá emitir una opinión fundada respecto al nuevo decreto.
 
Además, se entrega una nueva función institucional al CFA: evaluar y monitorear las proyecciones de los indicadores que guíen las reglas fiscales vigentes, y de los activos financieros del Tesoro Público para el año en ejecución, el presupuestado y aquellos comprendidos en el programa financiero de mediano plazo, incluyendo los escenarios alternativos.

Por su parte, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, indicó que “aunque Chile destaca hace años por su robusta institucionalidad macroeconómica y fiscal, las mejoras que estamos implementando con este proyecto de ley nos ponen a la vanguardia respecto de otros países. Tener la posibilidad de activar cláusulas de escape y consagrar la regla dual en la ley nos permitirá tener una política fiscal aún más confiable y garantizar el cumplimiento de las metas fiscales”.

El proyecto de ley que modifica la Ley sobre Responsabilidad Fiscal fue ingresado al Congreso en septiembre de 2021. Tras la sesión anterior de la comisión -celebrada a fines de mayo-, los senadores acordaron reuniones de trabajo entre asesores parlamentarios y los equipos de Dipres, que permitieron llegar a los acuerdos que derivaron en el despacho del proyecto a la Sala del Senado.