Tras varias semanas de tramitación en particular, este martes la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. A través de esta iniciativa, se busca hacer un seguimiento de los flujos de dinero ilícitos, permitir una mayor coordinación entre instituciones y fortalecer las atribuciones de éstas.

Con ello, el proyecto pasará a la Comisión de Hacienda del Senado para que conozca las materias propias de su competencia, para luego ser votada en Sala completando su primer trámite en la misma Corporación.  

En la sesión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aclaró varios puntos que estuvieron en discusión durante la tramitación, tales como la indicación que establece la obligación de nominalizar las boletas por compras de bienes o servicios pagados en efectivo cuyo valor sea superior a 1 unidad tributaria anual (por ejemplo, artículos suntuarios como vehículos y joyas de alto valor).

“Es importante recalcar que solo se aplicaría esta norma para los casos señalados, no para aquellas transacciones que —por ejemplo— tienen relación con la compra de frutas y verduras en las centrales de abastecimiento, como Lo Valledor. Además, se agrega la facultad a los vendedores de acreditar la identidad del comprador mediante la cédula de identidad para constatar mediante un documento físico quién es la persona que está comprando dicho artículo”, explicó el ministro Marcel.

Cabe recordar que a través de este proyecto, se creará el Subsistema de Inteligencia Económica, que estará compuesto por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y las Unidades de Inteligencia que se crean dentro del Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas. Sus integrantes podrán intercambiar información y requerir antecedentes tanto entre ellos como a otros organismos públicos. Un aspecto importante de la norma es que la información intercambiada que tenga el carácter de secreta o reservada, se deberá entregar sin perjuicio de mantener dicho carácter.

Dentro de los objetivos y avances propuestos, se incluye el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero, ampliando su capacidad para alertar sobre delitos de crimen organizado, además del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También se contempla otorgar acceso a información protegida por secreto bancario a esta unidad —sin necesidad de autorización judicial— cuando sea esencial para analizar operaciones previamente reportadas como sospechosas.

Gracias a esta iniciativa, se podrán llevar a cabo tareas de inteligencia enfocadas en la recolección, evaluación y análisis de información relacionada con delitos tributarios, aduaneros, económicos, lavado de dinero, tráfico de armas y otras actividades similares.