Miércoles, junio 19, 2024

Comisión de Seguridad Pública del Senado comenzó a votar en particular el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica

  • En esta oportunidad, la instancia legislativa aprobó los cuatro primeros artículos de esta iniciativa de ley.
  • Dentro de las propuestas, también se contempla el establecimiento de otras medidas para la prevención y alerta de actividades que tengan relación con el crimen organizado. 
     

Por unanimidad, este miércoles la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó los cuatro primeros artículos del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Esta iniciativa busca perseguir la ruta del dinero ilícito, mejorar la coordinación entre instituciones y fortalecer sus atribuciones para dicha finalidad. 

Durante la sesión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo hincapié en que este proyecto busca establecer nuevos estándares y reforzar las funciones de aquellas organizaciones vinculadas al sistema financiero, encargadas de alertar sobre delitos que se asocien al crimen organizado, situación que expuso a través de algunos ejemplos. 

“Por ejemplo, si tenemos el caso de un indigente que —de un momento a otro— abre una cuenta corriente y hace un depósito de 20 millones de pesos, ese depósito de 20 millones de pesos no es un delito, pero es una actividad económica que eventualmente podría estar ligada a un delito. Como sabemos, hoy en día el crimen organizado utiliza a indigentes para crear empresas, para abrir cuentas corrientes y para hacer una variedad de cosas vinculadas a sus actos. Por lo mismo, este proyecto busca que este tipo de eventos que pudieran ser sospechosos e indicativos de un delito sean alertados e investigados”, comentó el ministro Mario Marcel.

En concreto, la Comisión aprobó los cuatro primeros artículos del proyecto ingresado en mayo de 2023. Este permite la creación del Subsistema de Inteligencia Económica, el cual está integrado por la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas, cuyos integrantes podrán intercambiar información y requerir antecedentes entre sí y a otros organismos públicos. Si los datos intercambiados poseen el carácter de secretos o reservados, se mantendrá dicho carácter sin perjuicio de su traspaso o intercambio.

A través de este grupo de instituciones, será posible la ejecución de labores de inteligencia consistentes en la recolección, evaluación y análisis de la información vinculadas a actividades que tengan relación con delitos tributarios, aduaneros, económicos, lavado de activos, tráfico de armas, entre otros.  

Durante la discusión parlamentaria, se destacó el propósito y la finalidad que busca relevar este proyecto y, por dicho motivo, se hicieron cambios menores respecto a términos específicos de la redacción de este artículo. 

Los ejes del proyecto


Esta iniciativa tiene tres áreas principales: el fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica, la detección temprana de operaciones económicas sospechosas y nuevas mejoras en las facultades de investigación y aplicación de sanciones. 

Dentro de los objetivos y avances propuestos, se incluye el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero, ampliando su capacidad para alertar sobre delitos de crimen organizado, además del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También se contempla otorgar acceso a información protegida por secreto bancario a esta unidad —sin necesidad de autorización judicial— cuando sea esencial para analizar operaciones previamente reportadas como sospechosas.

Además, por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), se le habilita diferir, revocar o restringir la autorización de documentos tributarios, cuando hubiere indicios que tales documentos están siendo utilizados para la comisión de delitos vinculados al crimen organizado. Se contempla el deber de los contribuyentes del impuesto al valor agregado (IVA) de individualizar a quienes paguen en efectivo una transacción de bienes o servicios sobre 1 unidad tributaria anual. En la misma línea, se establece una presunción respecto de operaciones efectuadas por personas sin un patrimonio que permita respaldarlas para efectos de procedimientos de fiscalización del SII.

Junto con ello, se impondrán restricciones a la operación como Usuarios de Zona Franca a aquellas personas con antecedentes penales, en el caso del Servicio Nacional de Aduanas.


 

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