La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas despachó a ley el proyecto que fortalece la resiliencia del sistema financiero y sus infraestructuras (Boletín N°15322-05), ingresado a tramitación legislativa el 5 de septiembre de 2022, a fin de permitirle enfrentar de manera más eficiente potenciales crisis de origen interno o externo. Las nuevas disposiciones mejoran el mercado de operaciones de venta con pacto de retrocompra (REPO) y amplían el acceso a los sistemas de pagos del Banco Central, servicios de gestión de liquidez y otros para instituciones e intermediarios financieros no bancarios, como las cooperativas de ahorro y crédito; fortalecen la institucionalidad de infraestructuras del mercado financiero; incorporan un procedimiento simplificado de obtención de Rol Único Tributario para facilitar la internacionalización del peso chileno, más otras modificaciones legales que van en la misma línea. 

Las indicaciones introducidas en la Comisión de Hacienda del Senado producto del trabajo con las y los asesores de parlamentarios y parlamentarias —en una mesa de trabajo en la que también participó la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía (DAES)—, se hicieron cargo de revisiones de consistencia normativa, en particular las requeridas para reponer el articulado que la Sala de la Cámara de Diputados había rechazado en primer trámite, relacionado con el acceso de las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) con patrimonio igual o superior a 400.000 UF a los servicios del Banco Central (medios de pago y gestión de liquidez) y a la fiscalización integral de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); y el acceso de las CAC con patrimonio superior a 800.000 UF a facilidades de financiamiento, refinanciamiento de dicho instituto emisor. 

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, explicó en la Sala que el proyecto dará acceso a los servicios de pago y liquidez del Banco Central a las CAC con patrimonio superior a 400.000 UF. Además, el Banco Central podrá prestar servicios de financiamiento y refinanciamiento a aquellas CAC cuyo patrimonio sea superior a las 800 mil UF —y que además cumplan con los requisitos de solvencia, liquidez y estándares de riesgo financiero que exija dicho organismo—, lo que les abaratará los costos de financiamiento, ya que no deberán pagar comisión por la intermediación de un banco. De hecho, se incorporó una flexibilización en el acceso a servicios de financiamiento del Banco Central para cooperativas de ahorro y crédito que, superando el umbral de 800 mil UF, puedan verse enfrentadas a situaciones transitorias de liquidez.  Asimismo, destacó que aquellas cooperativas que al promulgarse la ley ya cumplan con los requisitos patrimoniales fijados por el Banco Central podrán acceder de inmediato a los servicios que éste ofrece. “Según datos a diciembre de 2022, esta normativa beneficia directamente a siete cooperativas”, acotó. 

Además, las cooperativas de ahorro y crédito con un patrimonio de más 400.000 UF quedan bajo la supervisión integral y única de la CMF en términos de estándares prudenciales, administración de riesgos y gobierno corporativo. Eso sí, la ley establece una coordinación permanente de la CMF con la División de Asociatividad de Cooperativas del Ministerio de Economía. A la fecha la CMF realiza la supervisión financiera y la DAES, la supervisión del gobierno corporativo.

Berner relevó que actualmente este segmento de cooperativas ya son supervisadas por la CMF, salvo en materia de gobernanza: “Como al igual que los bancos y otras instituciones financieras cuentan con garantía estatal a los depósitos, para resguardar a las personas naturales que confían su dinero en ellas, se hacía necesaria la supervisión integral de la CMF por ser el órgano regulador por excelencia del sistema financiero, incluso en aquellos aspectos hoy parcialmente excluidos, como el gobierno corporativo de las cooperativas. El marco legal resultante de esta acuciosa tramitación legislativa reconoce las particularidades y el perfil de riesgo derivados de la naturaleza asociativa las cooperativas, fortaleciendo la proporcionalidad en el enfoque fiscalizador de la CMF”. También planteó que “el rol de las CAC en la inclusión financiera es clave, por lo que el resguardo de los efectos micro en los socios aportantes tiene especial relevancia, sobre todo porque en el segmento de ingresos en que operan los ahorros son de alta importancia relativa para sus depositantes”.

El Jefe de la División de Asociatividad y Cooperativas (DAES), del ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Cristóbal Navarro, detalló: “Lo más importante es que la fiscalización que realice la CMF deberá considerar el Artículo 1 de la Ley General de Cooperativas, que es lo que define a este tipo de empresas como tales. Asimismo, la CMF deberá consultar a la DAES cada vez que algo pueda no ser entendido como compatible con la Ley de General de Cooperativas”. Esto por cuanto además se incluyó un mecanismo de coordinación para el periodo de transición entre ambos reguladores, además de la norma permanente de coordinación.

Las cooperativas con patrimonio inferior a 400.000 UF y que no están en el perímetro de fiscalización de la CMF mantienen su actual situación, ya que no les aplica esta ley.

Dado que la inclusión financiera es un tema de interés central del Ejecutivo, en el cual las CAC juegan un rol esencial, se comprometió con las y los parlamentarios una mesa de trabajo para analizar otras medidas legislativas respecto del sector, que liderará el Ministerio de Economía.