Dos destacados expertos internacionales abordaron los desafíos y oportunidades que plantea la incorporación de la IA en el sector público en encuentro sobre inteligencia artificial (IA) e innovación en el sector público “Para la transformación del Estado: personas, confianza y futuro”, realizado ayer en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y organizado por el Ministerio de Hacienda.
El invitado estelar de este evento fue el director de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, Fernando de Pablo, quien afirmó que “la IA tiene una capacidad transformadora total porque es muy transversal, y reduce el tiempo necesario para realizar tareas que hoy son imposibles para los humanos”.
La Comunidad de Madrid ha desplegado ya más de 100 proyectos basados en Inteligencia Artificial (IA), siendo uno de los pioneros y líder en el mundo en el uso de esta tecnología para entregar servicios públicos a la ciudadanía. Desde su experiencia en la implementación de soluciones digitales y la transformación de la administración pública destacó los logros conseguidos. “Hemos pasado de la administración en papel informatizada, electrónica automatizada 1 + 2 = 3, a algo hiperautomatizado, o sea, cosas que se creía que solo podían hacerlas las personas y resulta que las máquinas lo pueden hacer tan bien como las personas, pero sobre todo mucho más rápido, incluso, a veces mejor que las personas. A veces no”.

De Pablo precisó que el objetivo no es reemplazar a las personas, sino que liberarlas de tareas burocráticas.  “No estoy quitando un puesto de trabajo, sino que estoy quitando a lo mejor algo que no tiene mucho valor añadido para poner una persona en algo de mucho más valor. Con el proceso de digitalización masivo que se impulsó en Madrid liberamos a más de 400 personas para dedicarlas a otras labores. Esto nos ha permitido reducir los tiempos de tramitación, mejorar el nivel de satisfacción y de los servicios de administración, y reducir el papel a cero”. 

El experto recomendó su receta: “Este proceso de transformación requiere una estrategia clara, estructuras de gobernanza con competencias y recursos, y plataformas comunes que brinden servicios accesibles y consistentes en todo el territorio”. En ese sentido, enfatizó el rol que debe asumir el Estado respecto de la IA. “Pueden creer que hay un riesgo en la sobreregulación, pero el Estado no puede esquivar su rol político estratégico respecto a lo ético en la IA.  Este no es un tema que debamos dejar exclusivamente al sector privado”, observó.

Finalmente, dijo que el Estado debe fortalecer la confianza de la ciudadanía en los servicios público. “Tenemos una crisis de confianza importante. Esto está pasando a nivel de planeta. Hay mucho que mejorar respecto a hacerle más fácil la vida a los ciudadanos, con servicios más directos y de mejor calidad. Pero ojo, la curva de la confianza ciudadana va directa respecto a la satisfacción y al tipo de solución que nosotros entregamos”.

Estudio de la OCDE 

También, de manera virtual estuvo presente la directora de Gobernanza Pública de la OCDE, Elsa Pilichowski, quien entregó los primeros hallazgos del estudio “Gobernar con IA”, centrado en cómo los gobiernos están utilizando la IA para transformar sus servicios públicos. “La IA es una de las tecnologías más transformadoras de nuestro tiempo. Para los gobiernos, tiene el potencial de remodelar la forma en que se prestan los servicios, cómo se elaboran las políticas y cómo se llevan a cabo las operaciones y la supervisión interna. Esta tecnología permite automatizar, optimizar y adaptar la prestación de servicios públicos para que estos sean más eficientes y centrados en el ciudadano, mejorar la toma de decisiones y para respaldar respuestas de política pública más oportunas, informadas y ágiles. Todo esto empodera e involucra a la sociedad civil y a las empresas de manera más significativa e innovadora”.

La experta contó que la OCDE ha identificado más de 200 casos éxitos de uso de la IA en gobiernos como Suecia, Australia, Brasil, Canadá, India y Corea del Sur, destacando cómo estas soluciones están mejorando la eficiencia, la equidad y la personalización de los servicios públicos. “Hemos categorizado estas 11 funciones en tres grupos principales. En primer lugar, las funciones de la política gubernamental como son el gasto, los impuestos y la regulación. En segundo lugar, los procesos gubernamentales clave, como la reforma de la administración pública, la contratación pública, la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad pública, la evaluación de políticas y la participación cívica en un gobierno abierto. Y, por último, los servicios gubernamentales y las funciones de justicia, incluido el diseño y la prestación de servicios públicos, la aplicación de la ley y la gestión del riesgo de desastres, así como la administración de justicia y el acceso a la justicia”.

No obstante, Pilichowski advirtió que la IA también conlleva riesgos y desafíos que deben gestionarse con responsabilidad - éticos, operativos, de exclusión, de resistencia pública y de inacción-. En el estudio se identificaron obstáculos importantes para la implementación efectiva de la IA. “La brecha de capacidades, la baja calidad de los datos, la falta de orientación práctica, la débil supervisión y la aversión al riesgo”, mencionó.

En este contexto anunció la creación de un centro especializado en IA en el sector público a través de la plataforma oecd.ai, y un repositorio de casos de uso y políticas públicas como parte del Observatorio de Políticas de Inteligencia Artificial. “Esperamos con interés hacer un perfil de los esfuerzos chilenos. Estaríamos encantados de seguir colaborando con Chile en este trabajo y con toda América Latina.”

Finalmente, la organización multilateral reafirmó su compromiso con el desarrollo responsable y humano de la inteligencia artificial, en colaboración con los países miembros y socios estratégicos.

El evento fue organizado por el Ministerio de Hacienda, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información (ACTI) y la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología (CHILETEC).