El ministro Álvaro Elizalde, junto al titular de Hacienda, Mario Marcel; el ministro (s) de Justicia y DD.HH., Jaime Gajardo, y la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, presentaron esta jornada un plan para otorgar más probidad y transparencia, incluyendo las propuestas de la Comisión Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado. 

Las autoridades realizaron el anuncio tras sostener una reunión en el Palacio de La Moneda con los ex integrantes de esa instancia, quienes el 28 de agosto pasado entregaron un informe que incluyó 46 medidas que fueron recogidas por el Gobierno y transformadas en un despliegue de 60 iniciativas de carácter administrativo y legal 

Al respecto, el ministro Elizalde recordó que tras recibir ese documento, “empezamos a trabajar en forma inmediata sobre la base de esas propuestas. De hecho, algunas de estas ya han sido implementadas, pero hoy hemos tenido una reunión precisamente para evaluar el curso de acción que ha comprometido el Gobierno”.

“Estas 46 propuestas se han traducido en 60 medidas que vamos a implementar para mejorar el estándar regulatorio (…) hemos visto muy buena receptividad en todas las bancadas del Congreso Nacional, tanto de del oficialismo como de la oposición y por tanto, esperamos que estos proyectos se traduzcan en leyes de la República”, agregó.

Asimismo, destacó que las iniciativas, cuyo seguimiento estará a cargo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, serán implementadas en corto, mediano y largo plazo. De hecho, algunas ya fueron concretadas o comenzarán su implementación en 30 días, otras serán sometidas a trámite antes de que finalice el año legislativo y algunas antes de que finalice el mandato del Presidente Gabriel Boric.

Sobre ese punto, el ministro Marcel destacó que la forma más inmediata de responder a las recomendaciones de la comisión es a través de la Ley de Presupuesto 2024. En esa línea, explicó que se fijaron cambios en el articulado, desarrollando normas de carácter general que regulen el manejo presupuestario fiscal de las transferencias corrientes y de capital que se dirijan a las instituciones privadas sin fines de lucro. 

Esto incluye la regulación de cómo se administran los convenios, cómo se suscriben y qué pasa cuando no se cumplen o se dan por terminados. En segundo lugar, mencionó que a nivel de las glosas, se proponen alrededor de 500 cambios, que van a ajustar lo que está dentro de la partida de una institución en particular con la norma de carácter general que está en el articulado, o establecer excepciones cuando realmente se justifiquen. 

En tercer lugar, se contemplan ajustes en la clasificación de transacciones reflejadas en el presupuesto que sirven para mostrar de manera clara las definiciones del clasificador presupuestario. Y, finalmente se busca incluir un artículo dedicado al manejo financiero de los recursos asociados a la respuesta ante desastres naturales. 

El ministro Marcel recordó que más allá de la incorporación de estos temas en la Ley de Presupuestos, es importante pensar en medidas a largo plazo en esta materia: “El que haya normas que están en la Ley de Presupuesto significa que duran solamente un año y, por lo tanto, una respuesta más sustantiva o permanente a estas preocupaciones tiene que estar incorporada en la legislación permanente”.

“Entonces, el mismo articulado de la Ley de Presupuesto, en la medida de que se refiere a normas generales para aplicar a las transferencias, nos va a servir de base para una legislación más permanente sobre el tema, con tal de que en el futuro no se requiera estar refiriéndonos a un artículo de la Ley de Presupuesto, sino que a una legislación de carácter permanente”, enfatizó.

Hoja de ruta legislativa
Algunas de las medidas propuestas serán incluidas en la Ley de Presupuestos 2024. Además, en los próximos 30 días debería ingresar el proyecto de ley que crea un registro nacional de beneficiarios finales y modificaciones a los proyectos sobre integridad municipal y al de “Transparencia 2.0”.

En mediano plazo, que considera hasta el fin del año legislativo, se presentará un proyecto para crear la Agencia de Evaluación y Monitoreo de las inversiones públicas. En tanto, a largo plazo, entre otras, se propone el ingreso de una Ley general de transferencias que regule como ley marco los estándares de transparencia y rendición de cuentas que requieren estos traspasos de fondos públicos. 

Sumado a esto, el Gobierno trabaja desde 2022 en una Estrategia Nacional de Integridad Pública, que será lanzada en diciembre de este año, que se ha generado con el trabajo colaborativo de todos los poderes del Estado. En ella, se propone una hoja de ruta de largo plazo para el combate contra la corrupción y se recogen muchas de las propuestas de la Comisión Jaraquemada.