Este jueves 16 de noviembre fue promulgada la Ley que endurece el tratamiento de contrabando de dinero y lo tipifica como delito, eleva las penas, aumenta los plazos de prescripción y dota de mayores facultades a las policías, al Servicio Nacional de Aduanas y al Ministerio Público.

En una ceremonia encabezada por la Vicepresidenta de la República, Carolina Tohá; el Ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve y el Ministro de Hacienda, Mario Marcel se explicaron los alcances del cambio legal, que forma parte de la Agenda Priorizada de Seguridad que contemplaba la urgencia a 31 iniciativas acordada con los presidentes de ambas cámaras en mayo pasado. Con esta nueva Ley se completan 16 iniciativas cumplidas de la citada Agenda.

La Vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, señaló que en la persecución del delito de contrabando “hay dos preocupaciones del Estado”, la tributaria y la de seguridad. “Como estas tareas están encargadas a agencias distintas del Estado, muchas veces la legislación impide que se compatibilicen estos dos objetivos, el logro de uno atenta contra el logro del otro. Lo que se hizo en esta legislación no es sólo subir las penas, no es solamente incorporar como contrabando el ingreso al país de dinero, sino generar una modalidad de controlar y perseguir el contrabando que haga compatible estos dos intereses. El que tienen la policía y los organismos de seguridad y el que tiene Aduanas”.

A su turno, el ministro (S) del Interior, Manuel Monsalve, indicó que “esta ley que promulgamos muestra que es posible llegar a acuerdos y que el trabajo entre el Congreso y el Ejecutivo le puede dar al país un mejor Estado y un Estado que proteja de mejor manera la seguridad”.

En tanto, el ministro de Hacienda recalcó que “la promulgación de esta ley materializa tres compromisos. Primero, crear el delito de contrabando de dinero; en segundo lugar, permitir que el Ministerio Público inicie investigaciones por contrabando y, en tercer lugar, aumentar el plazo de las prescripciones del delito de contrabando desde 3, a 5 o 10 años”.

La nueva ley agrava las penas si los bienes o dinero definidos como contrabando se obtuvieron a través de un delito o se utilicen para cometer un delito, las que podrían alcanzar los 10 años de cárcel. También se considera como un delito base para el lavado de activos.

Actualmente, para las bandas de crimen organizado, el tráfico ilícito de productos falsificados es una forma común de obtener ingresos. También lo utilizan para lavar dinero ya que introducen productos falsificados en la cadena legítima de comercio, generando así dinero “limpio”. Por otra parte, el contrabando daña el comercio legítimo y causa pérdidas económicas significativas, pues perjudica a las instituciones que recaudan impuestos, alimentando el comercio ilícito.

“Esta ley contribuye a resolver un vacío vigente en la actual legislación que es clave. No sólo para efectos de la fiscalización tributaria sino que es determinante para la agenda de seguridad, al establecer reglas efectivas que permitan contribuir con las otras modificaciones legales aprobadas y las que se encuentran en el Congreso para perseguir la ruta del dinero y combatir así el crimen organizado”, dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.

"La promulgación de este proyecto de ley es una muestra más del firme compromiso de nuestro Gobierno con el combate al crimen organizado. Se trata de una señal potente y un nuevo paso en la agenda legislativa de seguridad que estamos impulsando en el Congreso Nacional, la cual ha registrado grandes avances, convirtiendo a la administración del Presidente Gabriel Boric en la que más leyes ha publicado en esta materia desde el retorno a la democracia", destacó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.

Según explicaron los ministros, se están implementando medidas adicionales y complementarias a esta ley como el fortalecimiento de las capacidades del

Servicio Nacional de Aduanas (Política Nacional Contra el Crimen Organizado), la entrega de recursos para tecnología no invasiva -portales, camiones escáner, detectores de drogas, paletas detectoras de metales- para lo cual se han invertido $11.312 millones entre 2022 y 2023.

También se está impulsando un Programa Global de Control de Contenedores junto al Servicio Nacional de Aduanas, con la creación de unidades conjuntas de control portuario para el análisis de riesgo de los contenedores en los puertos. Actualmente, el programa se ha implementado en el Puerto de San Antonio, y esta semana se está realizando la capacitación a funcionarios del Puerto de Iquique. 

“Esta iniciativa fortalecerá la capacidad del Servicio Nacional de Aduanas, lo que está incluido tanto en el proyecto de Ley de Presupuestos que estamos discutiendo actualmente, así como en el Proyecto de Inteligencia Económica contra el crimen organizado que está en discusión en el Congreso. El objetivo es organizar los recursos para que el Servicio de Aduanas pueda agregar nuevo material de escáner y mejorar su capacidad de control en los puertos del país”, explicó el ministro Marcel.

Actualmente el país cuenta con sólo 11 camiones escáner operativos, pero a partir de la nueva ley, ese número aumentará a 17 en todo el país.
En los aeropuertos internacionales también se fortalecerán sus capacidades, a través de la adhesión del Chile al programa AIRCOP.