Este viernes el Gobierno, representado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, alcanzó un acuerdo con la Mesa del Sector Público para determinar el reajuste salarial y beneficios en otras materias.  Las negociaciones se extendieron durante una semana -el jueves hasta las 2 de la madrugada-, y concluyeron con un acuerdo de 21 puntos, que además del guarismo, incluye la regulación permanente de aguinaldos, reducción del ausentismo e incentivos al retiro. 

El acuerdo fue ratificado y firmado por las asociaciones que forman parte de la Mesa del Sector Público, esto es, Central Unitaria de Trabajadores (CUT): Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF); Asociación de Empleados Municipales de Chile (ASEMUCH); Confederación Nacional de Trabajadores de Salud (CONFENATS); Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos de los Servicios de Salud (FENTESS); Confederación de Funcionarios de Salud Municipal (CONFUSAM); Asociación Nacional de la Junta de Jardines Infantiles (AJUNJI); Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública (FENFUSSAP);  Confederación Nacional de Funcionarios Asistentes de la Educación de Chile (CONFEMUCH); Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCH); Confederación de Federaciones de Trabajadores de las Universidades Estatales (ANTUE); Confederación de Trabajadores de la Salud (FENATS Unitaria); Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (CONFEDEPRUS); Colegio de Profesores A.G.; Federación de Asociaciones de Académicos de Universidades Estatales de Chile (FAUECH); y el coordinador de la Mesa, Carlos Insunza. 

El ministro Marcel valoró el consenso alcanzado y relevó que “en cuanto a su contenido, una parte son los beneficios económicos, pero el acuerdo es más amplio y tiene una mayor proyección quizás, que acuerdos que hemos suscrito en oportunidades anteriores. Este es el tercer acuerdo que suscribimos durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Estamos muy orgullosos de que todos los años hayamos tenido acuerdo en estas materias, en un contraste muy marcado con lo que fueron periodos anteriores en los que el gobierno resolvía por su cuenta. Y eso en buena medida se lo debemos a los a los dirigentes". Agregó que “de esta manera hacemos realidad no solamente el propósito de mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios y funcionarias, sino que también expresar la vocación y el sentido de servicio público que todos compartimos”. 

En tanto, la ministra Jara señaló que “estamos contentos porque no nos es indiferente ir al Congreso con un proyecto concordado con los trabajadores, versus lo que ha pasado en otros gobiernos donde no ha habido esa voluntad”. Agregó que poder llevar adelante esta negociación “da cuenta de que, cuando hay voluntad, reflexión y convicción en torno a que las condiciones de vida de los trabajadores tienen que avanzar, podemos trabajar de conjunto. Así que constituye un muy buen ejemplo para el mundo sindical y les agradecemos la voluntad”. 

El acuerdo
En lo sustancial, el acuerdo consiste en un reajuste general, gradual, de remuneraciones a partir del 1 de diciembre de 2024 que será de 3%; de 1,2% a contar del 1 de enero de 2025 y posteriormente, a partir del 1 de junio será de 0,64%, constituyendo la secuencia descrita un reajuste total de 4,9%.  Además, las remuneraciones mínimas del personal se reajustarán en un 2% adicional en 2025, así como el bono mensual para bajas rentas.

Asimismo, los aguinaldos de Navidad, Fiestas Patrias, bono de escolaridad, bonificación adicional de escolaridad y bono de vacaciones se regularán de forma permanente. También se otorgará un Bono Especial de cargo fiscal por término de negociación, el cual tendrá un componente por término de negociación y otro componente adicional.

Respecto a los incentivos al retiro, se extienden de forma indefinida la vigencia de las leyes relacionadas, quedando como permanentes. Se definirán cupos para el período 2026 a 2035 y se abrirá un período de postulación especial para 2026 para quienes se ubiquen entre 65 y 75 años, conservando la totalidad de los beneficios correspondientes. Se da un plazo extraordinario por el año 2025 para que personas con licencias extendidas se puedan acoger a los incentivos al retiro, así como un procedimiento abreviado permanente para personas que padezcan de enfermedades terminales y graves. Adicionalmente, desde 2027 se aplicará un mecanismo decreciente de incentivo al retiro y aquellos funcionarios afectos a las mismas leyes de incentivo al retiro cesarán sus funciones al cumplir 75 años, con una indemnización equivalente al total de las remuneraciones, con un tope de 90 unidades de fomento, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis, de cargo de la respectiva institución empleadora.

“Esto significa que vamos a asegurar que la Administración pública en los distintos sectores que la integran, haya tiraje en la chimenea para que las personas tengan mejores condiciones para jubilarse y al momento de hacerlo, por supuesto, se va generando espacio para que los trabajadores más jóvenes puedan ir ascendiendo”, acotó el ministro Marcel. 

También se acordó avanzar en un Plan Nacional para reducir el ausentismo en el sector público, que atienda las causas que lo originan y se haga cargo de esta situación por diversas vías: mejorar las condiciones de trabajo, de salud mental, atender mejor las enfermedades crónicas y controlar los casos en los cuales hay abuso. 

El acuerdo, además, considera acciones de corto y mediano plazo respecto de empleo público, considerando una agenda de trabajo que se realizará al alero de la continuidad de ocho mesas de trabajo en distintas temáticas sobre condiciones laborales, como son salud mental, seguridad funcionaria, teletrabajo, y reducción de jornada laboral. 

Además, se abordará la formulación de un anteproyecto de ley que proponga la creación de una jurisdicción especializada para conocer y resolver los conflictos laborales de los funcionarios públicos, a ingresar en marzo de 2025, y se profundizará el análisis del modelo del empleo público.

Respecto de los contenidos, la ministra Jara valoró que el acuerdo “contempla metas en torno al reajuste al sector público; a cómo se van a resolver distintos tipos de controversias que surgen entre funcionarios públicos con las instituciones, que hoy día está siendo objeto de discusión (…) con la creación de tribunales especializados, con una solución que aborda no solamente la contingencia, sino que el mediano y el largo plazo de la relación laboral; con un incentivo al retiro que se prolonga por una década (…) y con otras condiciones laborales, como los proyectos de ley de 40 horas que esperamos ingresar el primer semestre del año 2025”.

Este acuerdo se materializará en un proyecto de ley que ingresará la próxima semana al Congreso para su tramitación legislativa.