Una actualización del escenario macroeconómico y fiscal presentó este miércoles la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre 2022, que acompaña al proyecto de ley de Presupuestos 2023.

El reporte, que fue expuesto por el ministro de Hacienda, Mario Marcel y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, da cuenta de un mejor cierre fiscal para 2022, con un superávit efectivo de 1,6% del PIB, es decir fue 1,7 puntos porcentuales superior a lo previsto en el informe anterior. Asimismo, el Balance Cíclicamente Ajustado se corrige desde -1,3% a un 0,9% del PIB, siendo el primer superávit registrado en una década.

“Una gestión disciplinada del gasto nos permite ver un mejoramiento del balance fiscal para 2022, lo que constituye una consolidación fiscal más profunda en comparación con un amplio espectro de países. En este Gobierno se reducirán de manera significativa los riesgos para la economía chilena contribuyendo a reestablecer el equilibrio macroeconómico y la convergencia de la inflación”, señaló el ministro Marcel.

“En términos de deuda bruta, debido a una gestión responsable de los recursos, se registrará un resultado significativamente menor al publicado en el anterior IFP, alcanzando un nivel de 36,0% del PIB estimado hacia el final del ejercicio, lo que es la primera disminución de la cifra como porcentaje del PIB desde 2007”, señaló la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

ESCENARIO MACRO-FISCAL 2023 que sustenta el proyecto de Presupuesto

Para 2023 se espera una caída real anual del PIB de 0,5%, mayor al -0,1% proyectado en el IFP del segundo trimestre, dado el menor crecimiento del PIB minero por los nuevos planes de producción de Codelco, según menciona el informe. A ello se suma el retroceso más pronunciado del consumo, de -3,3% respecto al -1,9% del anterior, que sería compensado por una menor contracción de la inversión (-2,5% vs -6,0%).

}En términos fiscales, se contempla un gasto del Gobierno Central Total de $70.828.326 millones, según se presentó en el proyecto de ley de Presupuestos, monto que representa un crecimiento de 4,2% real respecto de la ejecución proyectada para 2022.

En el caso de los ingresos, se estima que alcanzarán $63.222.451 millones (en moneda de 2023), lo que implica una caída de 12,7% real respecto de 2022. Destaca la merma de la recaudación como resultado de una Operación Renta 2023 normalizada —la cual depende de la actividad del año anterior—, en línea con la proyección de crecimiento de la economía y el menor precio del cobre durante 2022. De esta manera, se anticipa un déficit efectivo del Gobierno Central Total de $7.605.875 millones, equivalente a -2,7% del PIB proyectado para el año.

En cuanto al balance estructural para 2023, se proyecta un déficit de 2,1% del PIB, consistente con lo anunciado por el Decreto de Política Fiscal publicado el 29 de junio de 2022, cuya meta será alcanzar un déficit estructural de 0,3% del PIB en el año 2026. Además, se ubica en un nivel más exigente en comparación con la meta proyectada en el IFP pasado de un déficit estructural de 2,6% para 2023.

En este contexto, al cierre del ejercicio presupuestario 2023, se proyecta un stock de deuda bruta del Gobierno Central equivalente al 38,7% del PIB.

ACTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO FISCAL DE MEDIANO PLAZO: 2024-2027:

El escenario de mediano plazo contempla que la actividad transitará gradualmente hacia su nivel de tendencia. Así, se prevé que el PIB total y el PIB no minero crezcan 3,2% en 2024, levemente sobre lo proyectado en el IFP del segundo trimestre.

Entre 2025 y 2027, el crecimiento del PIB total y su componente no minero transitarán desde valores cercanos a 3,0% en 2025 a 2,3%; respectivamente, al final del periodo de proyección, con lo cual la brecha del PIB no minero reflejaría leves holguras de capacidad en el mediano plazo.

Con esto las metas de Balance Estructural establecidas por esta Administración permiten retomar la senda sostenible de las finanzas públicas, luego del significativo aumento del gasto y deuda pública para enfrentar la crisis sanitaria y económica.

Esta actualización asume una proyección de gastos comprometidos que implica una moderación de las holguras del período, con respecto a señalado hasta el IFP anterior. De acuerdo con el informe: “releva la urgencia de la generación de nuevas fuentes de financiamiento permanente para responder a las necesidades y compromisos que se han establecido con la ciudadanía”.

En base al escenario descrito para la trayectoria de consolidación fiscal, la estimación de la Deuda Bruta del Gobierno Central hacia 2027, consistente con las metas de Balance Cíclicamente Ajustado, es de 38,9% del PIB.

Innovaciones en el proyecto de ley de Presupuestos

En este proyecto de ley de Presupuesto se introdujeron innovaciones para avanzar en una mejor calidad del gasto público.

Una de ellas es la creación de nueve programas presupuestarios con el propósito de lograr una mejor articulación con un seguimiento integral a una determinada temática de gasto. Con esto se gatilla una mayor coordinación entre distintos ejecutores.

Estas son: Sistema nacional de cuidados, Adaptación y mitigación al cambio climático, Plan de emergencia habitacional, Productividad quirúrgica, Plan nacional contra el crimen organizado, Niñez, Plan buen vivir, Transversalización de género y Desarrollo Productivo.

Además, en la construcción del Presupuesto 2023 se abordó la racionalización de glosas con lo que se redujeron un 28% que sobre regulaban y fomentaban a una mayor burocratización en la gestión de los servicios públicos.

“Del total de glosas presentes en la Ley de Presupuestos 2022 (2.602) el 53% implicaban compromisos de información, muchos de ellos redundantes con otras obligaciones legales como transparencia activa, en leyes especiales o artículos generales sobre información. Por lo tanto, con este trabajo la Ley de Presupuestos se hace más comprensible”, señaló Martínez.

De los programas de evaluación ex ante (182), el 44% fueron Objetados Técnicamente (OT) y a la mitad de ellos no se le asignaron recursos o bien se les disminuyeron. En el caso de los que se evaluaron ex post, que son mediciones que se hacen por más tiempo e integrales, se observa un ajuste significativo de los montos propuestos para programas en las categorías inferiores de evaluación.