Los ministros de Obras Públicas, Juan Carlos García, y de Hacienda, Mario Marcel, anunciaron esta mañana la entrada en vigencia del reajuste de los contratos vigentes de obras públicas que se hayan visto afectados por el alza de los materiales e insumos de construcción. El reajuste polinómico se basa en la modificación transitoria al Reglamento de Obras Públicas (DS75), y se aplicará a todos los contratos vigentes de las direcciones de Vialidad, Aeropuertos, Obras Portuarias, Arquitectura y Obras Hidráulicas a nivel nacional.

“Como gobierno estamos enfocados en la reactivación económica y el empleo, por eso hemos tomado una medida inédita y responsable que reconoce el alza de materiales que han sufrido las empresas en los meses y años anteriores, incorporado un reajuste retroactivo que se podría extender potencialmente a 1.400 contratos a nivel nacional, es decir más de 400 empresas que podrían ser beneficiadas. Esto permitirá concluir las obras y que las empresas no tengan que abandonarlas, como lamentablemente ha ocurrido”, informó el ministro Juan Carlos García sobre la medida que permitirá resguardar cerca de 30 mil empleos en todo el país.

De acuerdo a estimaciones del Ministerio, este reajuste polinómico impactará al 82% de las empresas que hoy tienen contratos con el MOP, abarcando un universo potencial de 1.423 contratos correspondientes a 436 empresas.

“Agradecer al ministro Marcel y al Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, porque en situaciones difíciles es importante el dialogo y ponerse de acuerdo. Hoy estamos entregando una solución que se logró pensando en el beneficio de las personas, de las regiones y nuestro país”, agregó el titular del MOP.

En tanto, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que, en términos fiscales, esta medida involucra recursos por alrededor de U$ 380 millones, los que ya están incluidos en el presupuesto del MOP para 2022, por lo que no implican un gasto adicional. Además, destacó que la iniciativa permitirá aumentar la ejecución de la inversión pública y, por consiguiente, entregar un impulso adicional a la actividad económica en la última parte del año. “Con esto estamos, por un lado, respondiendo a una crisis que se ha producido en el sector de la construcción. Pero, por otro lado, también estamos asegurando que las obras que están comprometidas se ejecuten y que, en términos de inversión, tan necesaria en este momento en Chile, el Estado pueda hacer un aporte significativo tanto en 2022 como en 2023”, señaló.