Esta tarde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados dio inicio a la discusión en particular del proyecto de Reforma Tributaria que modifica el impuesto a la renta y contiene normas para reducir la elusión y evasión. En la ocasión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó un segundo paquete de indicaciones, donde se abordan ítems como la Ley de Herencias, la ordenanza de Aduanas, Zona Franca, la Ley de Fondos de Inversiones y se establece una nueva Ley de Créditos Tributarios para empresas que desarrollen inversiones que promuevan nuevas tecnologías y/o la descarbonización de la matriz productiva.

“Creemos que ha sido un comienzo muy alentador, particularmente porque después de las diferencias que se produjeron en la votación en general hace dos o tres semanas atrás, los diputados, especialmente de Renovación Nacional, nos han planteado una disposición muy constructiva en esta discusión. Así que esperamos que esto se siga reflejando en la discusión en las próximas semanas”, destacó el ministro Marcel tras la sesión.

Además, recalcó que las 28 indicaciones del Ejecutivo contenidas en unas 90 páginas de extensión reflejan la flexibilidad del Ejecutivo al modificar el proyecto original, que constaba de 240 páginas. “Claramente hemos tenido bastante disposición a ir mejorando el proyecto y a hacer ajustes donde esté justificado”, dijo.

La discusión en particular continuará la próxima semana.

Presentación de indicaciones

En su presentación ante los parlamentarios, el Ministro puso énfasis en las normativas que este Gobierno ha impulsado para fomentar la productividad y la inversión, ya sea desde el proyecto original o que se han sumado en el trabajo parlamentario. “Nos da bastante tranquilidad el proyecto como está ahora, con este conjunto de indicaciones. Estamos entrando en la discusión en particular, donde esperamos que vayamos artículo por artículo, mirando las indicaciones. Mantendremos esta actitud abierta para ir analizando nuevas propuestas que vayan saliendo en esta etapa, preservando las metas de recaudación, dado que ya tuvimos un ajuste y no quisiéramos tener más”, sostuvo el ministro Marcel.

Frente a las consultas críticas de la oposición sobre la creación de un impuesto al patrimonio, el Ministro aclaró que cuando se analiza la liquidez disponible para pagar “es interesante hacer el paralelo con lo más parecido que tiene la clase media que son las contribuciones. Una persona debe pagar impuesto territorial independiente si durante el año le fue bien o mal. Pensar que quien tiene un patrimonio superior a US$ 5 millones, no tendrá plata para pagar el impuesto es injusto con el contribuyente de clase media que está obligado a pagar igual”, indicó.

Detalle de las indicaciones

En la Comisión, el ministro Marcel comentó a los parlamentarios una serie de nuevas indicaciones presentadas hoy, que se suman a las ingresadas a inicios de mes. La primera es una nueva Ley de Créditos Tributarios que establece un beneficio imputable al impuesto de primera categoría. De esta forma, podrán optar tanto las empresas que desarrollen proyectos de inversión productiva promoviendo la transferencia y desarrollo de nuevas tecnologías como aquellas que busquen descarbonizar su matriz productiva. Se trata de una iniciativa que forma parte de las medidas para impulsar la inversión anunciadas por el Gobierno el pasado 12 de septiembre dentro del Plan Invirtamos en Chile.

Esta indicación precisa la forma en que se adjudicarán los proyectos. Serán definidos por un Comité Asesor conformado por tres personas: una designada por el Ministerio de Hacienda, otra por el Ministerio de Economía a propuesta de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), y la tercera por Hacienda a propuesta de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP). Además, se señala que las empresas interesadas deberán postular señalando el monto del crédito solicitado y la inversión comprometida. Para 2023, se contempla una cartera de créditos por US$500 millones para postular, mientras que en los próximos años el monto de créditos será definido en la Ley de Presupuesto respectiva.

Estos proyectos serán evaluados en forma objetiva según 4 criterios:

1. inversión apalancada que es el resultado de dividir el crédito solicitado por la inversión comprometida;
2. efecto multiplicador sobre la economía;
3. potencial descarbonizador; y
4. potencial para absorber, adaptar y desarrollar tecnología.

Los proyectos adjudicados serán evaluados anualmente por la secretaría técnica, que estará en manos de la Subsecretaría de Hacienda, y que será conformada por cuatro personas. En caso de incumplimientos, el Comité podría revocar total o parcialmente los créditos otorgados, en cuyo caso el contribuyente deberá pagar los impuestos que corresponda.

Respecto de las modificaciones a los Fondos de Inversión, las indicaciones realizan ajustes a los registros empresariales que deberán controlar para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Asimismo, se modifican las obligaciones para los fondos de inversión privados que invierten en capital de riesgo para que mantengan la exención de Impuestos de Primera Categoría (IDPC) reduciendo el monto de inversión en capital de riesgo del 100% al 85%. El saldo solo podrá ser invertido en instrumentos de renta fija. También se reduce el plazo de cumplimiento de estas obligaciones de 330 a 300 días, con el objetivo de evitar que algunos fondos incumplan el requisito por sus operaciones rutinarias. Por otro lado, los no residentes que sean aportantes de fondos públicos o fondos que inviertan en capital de riesgo quedarán sujetos a un impuesto del 14% o 35%, según si la utilidad pagó o no IDPC.

En otros ámbitos, se introducen modificaciones al Impuesto a la Herencia en cuanto se ajusta la norma de valoración considerando los cambios introducidos en la Ley de Impuesto a la Riqueza.

Respecto de la Zona Franca, la indicación del Ejecutivo aclara el tratamiento tributario y la forma de registrar las utilidades respecto de las que gozan de la exención del IDPC.

Finalmente, en la Ordenanza de Aduanas se armonizan cambios en materia de notificaciones por correo electrónico y procedimientos judiciales.