La Sala del Senado terminó, este martes 25, de votar en particular el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece medidas para la prevención y alerta de actividades relacionadas con el crimen organizado (Boletín 15975-25) —que se tramita con urgencia inmediata desde julio de 2024— y lo despachó a segundo trámite legislativo a la Cámara de Diputadas y Diputados. Su objetivo es “facilitar la persecución de la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado” a través de tres ejes: fortalecimiento del ecosistema inteligencia y análisis económico; prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas y mejores facultades intrusivas y sancionatorias

La subsecretaria Heidi Berner junto con valorar el minucioso trabajo realizado por las senadoras y senadores, destacó: “Ya concluido el primer trámite aspiramos a que este proyecto se transforme en ley durante este primer semestre, porque el país necesita imperiosamente tener mejores herramientas para perseguir la ruta del dinero del crimen organizado. Cuando todos los días vemos cómo proliferan bandas con sofisticadas estrategias para delinquir, se hace urgente contar con este subsistema de inteligencia combatir el crimen organizado de manera más eficaz”. 

Esta iniciativa legal ingresó a primer trámite en el Senado el 31 de mayo de 2023, donde fue analizada en la Comisión de Seguridad Pública y luego pasó a Hacienda, que a mediados de enero se pronunció sobre las materias de su competencia y aprobó el proyecto, tras cinco meses en los que se presentaron varias indicaciones y se realizó un lato debate centrado en secreto bancario. 

Las disposiciones despachadas en la Comisión de Hacienda fortalecen al ecosistema de inteligencia y análisis económico mediante el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) — con la creación de unidades de inteligencia en los servicios de Impuestos Internos (SII) y Aduanas-. Además, el proyecto permite mayor expedición en las tareas de búsqueda, obtención, recolección, evaluación, integración, producción, análisis, tratamiento, almacenamiento e intercambio de datos e información respecto de actividades económicas vinculadas a determinados delitos económicos, tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y prácticas terroristas. 

También estipula que los funcionarios de los organismos integrantes del subsistema se regirán por un estatuto único, debiendo mantener reserva de la información, realizar declaración de patrimonio e intereses y someterse a controles de consumo de estupefacientes. También están sujetos a incompatibilidades con el ejercicio de sus funciones. En tanto, serán las jefaturas de servicio las que deben disponer medidas para detectar, neutralizar y/o mitigar riesgos vinculados a delitos de relevancia para el subsistema.

Varios de sus artículos complementan otras legislaciones en materia de crimen organizado, como la “Ley Antinarco”, la ley sobre contrabando de dinero, el proyecto de ley que reforma al Sistema de Inteligencia del Estado y distintos proyectos de fortalecimiento de las policías, mejorando la batería de herramientas para perseguir el crimen organizado.

Además, el proyecto amplía el objeto de la UAF a prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, también al crimen organizado. En la Comisión de Hacienda, a solicitud de sus integrantes, se aprobó una definición del concepto de “crimen organizado” que se agregaba, señalando que “para estos efectos, se entenderá como crimen organizado el conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delitos y lucrar”. Sin embargo, tras pasar por la Comisión de Constitución se modificó esta disposición cambiando la forma de definir el crimen por una referencia al artículo 293 del Código Penal que sanciona a las asociaciones criminales, lo que fue finalmente aprobado por la Sala.

En cuanto al levantamiento de secreto bancario, la Sala rechazó el nuevo literal b) del artículo 2 de la Ley que crea la UAF, que si bien mantenía el requisito de autorización judicial como regla general para que ésta requiriera ante las instituciones financieras el levantamiento del secreto bancario, incorporaba tres excepciones para acceder a la información protegida por secreto bancario por vía administrativa, existiendo siempre un reporte de operación sospechosa previo (ROS). Por tanto, se mantuvo el actual artículo que establece que la solicitud deberá ser autorizada previamente por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien resolverá, sin audiencia ni intervención de terceros dentro del plazo de tres días contado desde la presentación de esta.