En la ocasión, el ministro Marcel destacó que este año la economía chilena debe hacer una “ordenada transición desde una situación de sobrecalentamiento liderada por el consumo privado a un crecimiento sostenible no inflacionario”.

De esta forma, se actualizó el escenario macroeconómico estimado para este año ajustando la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a 1,5% desde el 3,5% que se había proyectado en el IFP del 4T de 2021.

Asimismo, se modificaron los pronósticos esperados para la demanda interna, inflación, tipo de cambio, precio del cobre y del petróleo.

Este ajuste refleja el desafiante entorno económico que enfrentará esta administración tras la fuerte recuperación de la actividad en 2021, producto de una mayor liquidez en la economía. Este año, en particular, en el país se está observando un proceso de moderación de la actividad hacia niveles de producción compatibles con la tendencia registrada previo a la crisis ocasionada por la pandemia.

Con esto, según se señaló en el Informe, se espera que en 2022 la economía experimente una corrección, que debería permitir ir equilibrando el desbalance macroeconómico que ocasionó la crisis sanitaria. En base a este panorama macroeconómico, se espera una recaudación de ingresos del Gobierno Central Total para 2022 que asciende a $57.442.256 millones, lo que implica una disminución de los ingresos de 1,5%, respecto de lo proyectado en el IFP del 4T21.

En tanto, el gasto del Gobierno Central para 2022 se proyecta en $61.823.200 millones, lo que representa un aumento de $820.866 millones con respecto al gasto presentado en el informe anterior. Esta actualización es consecuencia de la implementación de medidas para seguir enfrentando los efectos de la actual crisis sanitaria y económica, provocada por la pandemia del Covid-19, así como del mejoramiento del Sistema de Pensiones.

Respecto al gasto ejecutado en 2021, esta actualización implica una contracción del gasto de 25,2%, en base al cierre de las cuentas fiscales de 2021 presentadas en este IFP.

Meta de Balance Estructural

La Política Fiscal chilena se basa en la regla de Balance Estructural, por lo que son los ingresos cíclicamente ajustados (es decir los estructurales) y no los efectivos, los que se toman en cuenta para determinar el gasto del Gobierno en cada Presupuesto.

En base a los ingresos efectivos y a las variables de referencia, se proyectan ingresos cíclicamente ajustados por $52.956.292 millones, lo que representa una disminución de 1,1% con respecto a lo proyectado en el IFP pasado. Lo anterior se explica, principalmente, por la revisión a la baja en los ingresos estructurales de Cobre Bruto debido a que se proyecta un mayor precio del Cobre al estimado en el informe anterior, lo cual deriva en una mayor brecha con respecto al precio de referencia y, un mayor ajuste cíclico. Además, se esperan menores ingresos de Codelco por aumento de costos y la decisión de aplicar el régimen de depreciación instantánea para los ejercicios de 2021 y 2022.

En este primer IFP, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric expuso su meta de Balance Estructural anclada al nivel deuda de mediano plazo como parte del compromiso adquirido con la sostenibilidad de las finanzas públicas. “Presentamos una trayectoria fiscal que combina el balance estructural con un límite de nivel prudente de deuda, lo cual es una innovación que está recomendada por organismos internacionales y por el Consejo Fiscal Autónomo, de manera que nuestra regla fiscal es más contundente porque está en función de un nivel de deuda”, explicó la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

El compromiso es que la reducción del déficit se realice en forma anual a un ritmo de 0,75% del PIB durante el periodo presidencial. De ese modo, el gobierno planteó que el déficit estructural de 3,3% con el que cerró el ejercicio 2022, llegará a -2,6% en 2023, a -1,8% en 2024, a -1,1% en 2025, para quedar en -0,3% al término del período presidencial.

“La consolidación de las finanzas públicas es un componente central de este proceso, tanto por su colaboración al control de la inflación como por su capacidad de seguir apoyando a los sectores rezagados y/o vulnerables de la población y de la economía. Para ello, la política fiscal se va a mantener en 2022 dentro de los márgenes definidos en el presupuesto y continuará con una trayectoria de reducción del déficit estructural por los próximos cuatro años”, remarcó el ministro de Hacienda.

Consistentes con el compromiso de responsabilidad fiscal se presenta en este informe el marco de mediano plazo junto a una meta de balance estructural basada en la sostenibilidad de la deuda bruta. En ese escenario se espera que este año, el saldo de Deuda Bruta del Gobierno Central (DBGC), totalice $102.656.976 millones, lo que equivale al 38,8% del PIB estimado.

Aunque son diversas las metodologías para estimar el nivel prudente de deuda (ver detalle en el IFP que está disponible en la página web) la autoridad concluyó que lo más apropiado era contemplar el nivel más bajo entre ellas. Es así como el nivel utilizado para definir las metas de Balance Estructural del período presidencial se situará en estabilizar la deuda por debajo del 45% del PIB, considerado como un nivel prudente.

En concreto, en el escenario macroeconómico base, la deuda bruta alcanza su máximo el año 2026 de 43,9%.

“Esta consolidación fiscal no es en lo absoluto incompatible con la implementación de la agenda del gobierno del Presidente Boric, la que se reflejará en dos dimensiones. Primero, en ajustes en la composición del gasto público, enfatizando la inversión pública y gastos ligados a la prestación de servicios con un sello inclusivo. Y, segundo, con una reforma tributaria que financiará la ampliación de derechos sociales y reformas estructurales en salud y pensiones, entre otros”, detalló el ministro Marcel.

De igual modo, la directora puso énfasis en que “fijamos un déficit estructural, un punto de partida para este año, que define la trayectoria de los siguientes años. Esto es muy relevante porque reafirmamos el compromiso de respetar el marco presupuestario actual y, por ende, esto permite la normalización de las finanzas públicas, lo que genera una estabilidad que nos permitirá enfrentar desafíos más grandes en términos de esfuerzos fiscales”.