Tras la firma del proyecto de Ley Fin al CAE, este martes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó los detalles de esta iniciativa que busca instaurar un nuevo Sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES), además de reorganizar las obligaciones de quienes adeudan el Crédito con Aval del Estado (CAE), el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y los denominados créditos Corfo. En la ceremonia también estuvieron presentes el Presidente de la República, Gabriel Boric, y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

El ministro Marcel inició indicando que esta propuesta se enmarca en el crecimiento que tuvo la educación superior, que pasó de una cobertura cercana al 20% de la población en edad de estudiar en 1992, a un 45% en la actualidad. “En términos de números absolutos, el aumento es más que esa proporción y un sistema de educación superior que crece en esas magnitudes entrega numerosos desafíos. Parte de esos desafíos tienen que ver con estos temas de financiamiento que discutimos hoy”, agregó.

Además, el secretario de Estado sostuvo que con este proyecto no se restan recursos de otras áreas prioritarias como pensiones o salud, sino que es una iniciativa autocontenida. En esa línea, aseguró "taxativamente, que esta es una propuesta que no cuesta más de lo que hay actualmente y lo que hacia el futuro habría costado el sistema vigente. Muchas veces en la discusión pública hay quienes intervienen suponiendo que el CAE era gratuito para el Estado, que no le costaba nada. Nada más errado. El CAE actualmente cuesta, en recursos que están sobre la línea, cada año más de US$100 millones; y que están bajo la línea cerca de US$900 millones. O sea, US$1.000 millones sumados todos los años”. Y agregó que “lo que hemos hecho es buscar un mecanismo de financiamiento que es más eficiente (…) pero aplicado con mayor justicia”.

El nuevo sistema, puntualizó Marcel, “no es un crédito como habitualmente uno lo entiende, en el cual hay un préstamo, un capital, una tasa de interés, sino que lo que hay es un fondo revolvente donde los estudiantes obtienen el financiamiento para pagar sus estudios y luego los retribuyen aportando una proporción de sus ingresos una vez ya egresados, titulados y durante los años posteriores. Entonces este es un sistema en el que van a ir circulando los recursos desde quienes ya egresaron, quienes ya tienen mayores ingresos, hacia quienes requieren financiamiento para cubrir sus estudios. Esa es la esencia de lo que está contenido en esta reforma”.

Esto significa que quienes suscriban al FES estarán exentos de cobro durante el tiempo que se prolonguen las carreras seleccionadas, excepto aquellos que provengan del decil de mayores ingresos quienes incurrirían en un copago equivalente a la diferencia entre el arancel regulado y el arancel real de las instituciones.  Quienes se beneficien del nuevo instrumento asumirán la obligación de contribuir a él sobre la base de sus rentas por un período de dos años por cada semestre cursado con el instrumento, con un tope máximo de 20 años. El esquema de contribuciones se calculará en función de los ingresos anuales que perciban los beneficiarios. Los ingresos hasta 7,5 UTA (equivalentes a cerca de $500.000 mensuales) estarán exentos.

Respecto del plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas, la adhesión será voluntaria para estudiantes y deudores y obligatoria para quienes tengan la garantía ejecutada. Al adherir, el Fisco adquirirá anualmente la parte del crédito equivalente a 12 cuotas que la persona deberá retribuir de forma periódica, progresiva y contingente a su ingreso (que no puede ser más que lo que se paga actualmente). "Para aquellos que tienen deudas por debajo, o por valores iguales o inferiores a esa deuda, van a ver extinguida su obligación. Pero para otros que tienen deudas mayores, esa fracción es la que se va a condonar”, explicó el ministro Marcel.

La iniciativa también considera a los profesionales que ya egresaron y van al día con sus deudas, o a los desertores que han seguido pagando, para quienes habrá un beneficio tributario de 80 y 120 UF, respectivamente, distribuido en 20 años. “Es una propuesta que busca justicia, equilibrio y reconocer el esfuerzo y los problemas de cada uno”, cerró.