El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó en profundidad el traspaso de recursos desde Corfo al Tesoro Público por cerca de US$3.500 millones en 2023, dado a conocer por un  medio de prensa el pasado martes. En la conferencia estuvo acompañado por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, quien también precisó, entre otras, las materias relativas a la situación patrimonial del Fisco. 

Ante las críticas de parte de la oposición por dicho traspaso de fondos hace dos años, el ministro manifestó: “Pese a que dicho reportaje reconoce en diversos pasajes que no habría ninguna acción ilegal en esta operación, el tono de denuncia de este y las reacciones destempladas que ha generado en diversos personeros políticos, hace necesario proveer antecedentes que permitan un debate informado, con conocimiento de las normas legales sobre administración presupuestaria y financiera del sector público que sustentaron las referidas operaciones”.

Asimismo, valoró la decisión de la Contraloría General de la República de realizar una “investigación especial en lo relativo a la eventual afectación patrimonial de CORFO y al destino de los recursos involucrados, entre otros aspectos”. En virtud de lo anterior, el Ministerio de Hacienda se anticipó y envió hoy a la Contraloría el conjunto de antecedentes relacionados con estas operaciones, los fundamentos que la sustentaron y el modo en que se implementó, “con ello no será necesario utilizar el plazo de 10 días que habitualmente da el organismo contralor para la entrega de antecedentes solicitados para sus investigaciones”, recalcó.

Respecto del traspaso de recursos, Marcel recordó que uno de los principios fundamentales de un buen manejo presupuestario es gestionar los recursos fiscales de manera unificada, independientemente de la estructura institucional del Estado.  Por esa razón, añadió, “los servicios públicos, aun aquellos de carácter descentralizado o autónomo, no son “propietarios” de los recursos que les asigna el presupuesto y su patrimonio no puede considerarse en conflicto con el patrimonio fiscal. Consecuentemente con lo anterior, los servicios públicos en general no cuentan con autorización para invertir fondos en el mercado de capitales, permitiéndose excepciones solo para algunos servicios con ingresos propios importantes en función del tamaño de su presupuesto, autorizaciones que se renuevan anualmente”.

Enfatizó que los excedentes de los servicios públicos, incluso de quienes se autofinancian, pueden ser integrados al Tesoro Público mediante decretos de Hacienda, lo que permite respetar el principio de unidad del presupuesto público, que establece que tanto la totalidad de los ingresos del Estado deben estar reflejados en el presupuesto, así como la totalidad de los gastos. 

Tras ello, Marcel repasó los hechos que se abordaron en el reportaje: En 2022 y 2023 la Corfo incrementó de manera muy significativa sus rentas de la propiedad por los contratos para la explotación de Litio en el Salar de Atacama con las empresas SQM y Albemarle. En particular, en 2022 se recaudaron adicionalmente $2,5 billones como consecuencia del mayor precio del litio, mientras que en 2023 los ingresos adicionales alcanzaron a los $2,9 billones. Es decir, entre 2022 y 2023 se recaudaron $5,4 billones como consecuencia del mayor precio del litio.

“En aquella época se habló mucho de cómo se iban a usar los recursos provenientes del litio y qué se iba a hacer con estos recursos extraordinarios producto de los precios tan altos. En esa oportunidad señalamos que era importante ver cómo iba a estar el conjunto de la ejecución presupuestaria antes de empezar a comprometer recursos adicionales del litio en nuevos gastos, lo cual probó ser correcto”, dijo el ministro. Y prosiguió: “porque durante el año 2023 hubo otros componentes de ingresos que fueron menores a lo presupuestado y los mayores ingresos del litio compensaron esos menores ingresos en otras partes de la recaudación. Los fondos satisficieron la necesidad de financiamiento fiscal y se cerró el año con un cumplimiento de 100% del gasto presupuestado, pleno cumplimiento de la meta de balance estructural y también el pleno cumplimiento de las previsiones de balance total del sector público”. 

Adicionalmente, el secretario de Estado detalló que, junto con permitir el pleno cumplimiento de las metas fiscales de 2023, estas operaciones fueron ampliamente convenientes para el Sector Público como un todo, evitando elevar el endeudamiento, el pago de intereses y deteriorar el patrimonio fiscal. "Si en lugar de traspasarse desde Corfo, el fisco se hubiera endeudado por la misma cantidad en bonos a diez años plazo, lo que habría ocurrido primero, es que la deuda pública habría aumentado en algo más de 1% del Producto - o sea, en lugar de ser 42,3%, sería 43,3%-. Hoy día la relación deuda PIB está por debajo del 42% como resultado de la variación del tipo de cambio.  Entonces si el fisco se hubiese endeudado en forma adicional por 3.400 millones de dólares, esa deuda adicional habría dado lugar a un flujo de pago de intereses del orden de US$215 millones anuales desde entonces. O sea, hoy día, año 2025, tendríamos un gasto en intereses del fisco que sería US$215 millones superior al que estaba presupuestado. Y el Estado, como un todo, habría experimentado una pérdida patrimonial de US$415 millones si no se hubiera actuado de esta manera”, sostuvo. 

En la misma línea, Marcel agregó que esta “operación se hizo para cuidar el patrimonio fiscal, porque si no se hubiera hecho de esta manera, como explicaba recién, hubiésemos tenido que tomar más deuda, aumentar el gasto en intereses y experimentar una pérdida patrimonial por el diferencial de tasa de interés. Así que es algo que creo, cualquier economista mirando el sector público en su conjunto, debería tener la capacidad de reconocerlo como una operación adecuada y oportuna”. 

En cuanto al destino de los recursos, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, explicó que cada vez que fuimos al Congreso en 2023 a hacer la rendición de cuentas sobre el estado de las finanzas públicas, una de las primeras preguntas era ¿qué pasa con los recursos del litio, qué se va a hacer con los recursos del litio? Por cómo funcionaba la Regla de Balance Estructural entre 2022 y 2023, todos los recursos del litio, como regla general, iban a financiar el Presupuesto de manera general. No hay ninguna novedad en decir que durante esos años esos recursos financiaron el Presupuesto, porque en cada informe de ejecución presupuestaria mensual se mostraba cómo iban creciendo esos montos. Pero la situación 2022-2023 fue extraordinaria. ¿Qué pasó en 2024? Ante la preocupación del Ministerio de Hacienda y del Consejo Fiscal Autónomo, en un ejercicio de prudencia fiscal introdujimos la regla de ajuste cíclico al litio, de manera que estos recursos no necesariamente se fueran ahorrando año a año. Si no hubiésemos hecho esto, el gasto público para el año 2024 hubiese sido mayor".

Respecto de la eventual pérdida de patrimonio que habría registrado Corfo, Martínez explicó que "la Corfo es parte de las arcas fiscales propiamente tal. Entonces no existe esta idea de que el patrimonio de la Corfo es algo diferente al patrimonio del Gobierno Central en su conjunto. El patrimonio de la Corfo es parte del Gobierno Central y por eso la decisión sobre los recursos se tiene que hacer mirando la totalidad de las necesidades de financiamiento del Presupuesto. El ejercicio financiero que hay detrás de esto, en términos del Gobierno Central, fue una operación positiva y no negativa cuando uno lo mira en su conjunto. Y también, como lo señalaba el vicepresidente de la Corfo, se hizo con el diseño necesario para que no existiera una pérdida patrimonial de la Corfo. Hoy día si vemos 2021 y 2024, son diez veces más grandes los activos financieros que tiene la Corfo".