El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó cinco indicaciones al proyecto de Ley que crea un Registro de Deuda Consolidad ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“El proyecto es un elemento fundamental para evitar el sobreendeudamiento de las personas”, precisó el secretario de Estado al dar cuenta del paquete de indicaciones a esta iniciativa que  busca velar y resguardar los datos de las personas que estén siendo evaluadas en términos de riesgo por deudas, esto con el fin de evitar la proliferación de “listas negras de datos”.

La primera indicación explicada por el ministro busca establecer que los reportantes que entreguen información financiera “deberán contar con el consentimiento previo y expreso del deudor, otorgado con la sola finalidad de evaluar su riesgo”. Se específica que estos datos solo deben usarse para finalidades de evaluación de riesgo y que inmediatamente después de cumplido su fin deben eliminarse.

La segunda, propone que quienes ejerzan este derecho deberán, al menos, entregar “el detalle de sus obligaciones reportables y su estado de pago, la individualización de sus respectivos acreedores y el historial de acceso a la información” en los últimos 12 meses. En términos simples significa que el tratamiento de los datos requiere el consentimiento del deudor.

La tercera indicación plantea que las personas naturales pueden inscribirse en un registro de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, y después solicitar el envío de un reporte cada tres meses de “las entidades que han tratado sus datos”. “Con ello se pretende mejorar la información financiera que disponen las personas”, se explicó ante la comisión.

La cuarta propuesta establece que el trámite señalado anteriormente puede ser realizado por un tercero “siempre y cuando se cuente con autorización expresa de la persona respecto de la cual solicitan información”. Será la CMF la que dictará normas específicas sobre los requisitos, plazos o condiciones que deben cumplir esos terceros autorizados.

La quinta y última propuesta del Ejecutivo, establece una sanción penal a quienes no eliminen la información obtenida para realizar las evaluaciones de riesgo, una vez cumplido su propósito. Esto considerando “la preocupación sobre el tratamiento de ´listas negras de datos´”.

La votación en particular de las indicaciones se reanudará el próximo martes 23 de agosto en la comisión de Economía.