Este lunes los ministros de Hacienda, Mario Marcel; de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval; y de Culturas, Artes y Patrimonio, Carolina Arredondo, anunciaron el ingreso de indicaciones a los proyectos de Ley de Administración de Borde Costero y Concesiones Marítimas, y al de Patrimonios Culturales, ambos en tramitación en el Congreso. 

Se trata de dos materias contenidas en el Pacto Fiscal, particularmente en las medidas de impulso al crecimiento, con las que se espera contribuir a la reducción de, al menos, un 30% en los plazos de tramitación para permisos de inversión; y que también forman parte del fast track legislativo económico priorizado por el Gobierno. 

El objetivo es que estas indicaciones puedan estar aprobadas antes del receso legislativo, sumándose a otras que ya han tenido avances sustanciales en su tramitación, como el proyecto de Ley Marco de Permisos Sectoriales, que está en segundo trámite en el Senado, y el proyecto de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que está siendo votado en particular en las comisiones de la Cámara Alta. 

El ministro Marcel explicó que "en estos dos casos nos encontramos con que, en el caso de las Concesiones Marítimas era, de todos los permisos, aquel que tenía mayores demoras en relación a los plazos establecidos en la ley o los reglamentos. Y en el caso de Patrimonio era donde había un mayor número de casos que estaban siendo sometidos a evaluación y entrega de los eventuales permisos. Entonces fueron dos casos especiales que, por sus características, dentro de lo que es la distribución de los permisos para inversiones, aparecían como casos más complejos. En virtud de ello se ha estado trabajando bajo el principio que definió el Presidente de la República para todos estos temas, que es focalizarse en los procesos para el otorgamiento de permisos, sin que eso implique modificar los estándares a los cuales responden; los permisos existen porque se está defendiendo algún patrimonio, algún bien público”. 

Respecto a la indicación sobre la administración del borde costero y concesiones marítimas, la ministra Sandoval indicó que dice relación “con cómo optimizar los tiempos de la tramitación de estos permisos que son indispensables para el crecimiento económico del país y que actualmente demoran en promedio 4 años. El ministerio de Bienes Nacionales tiene a cargo la administración de los bienes nacionales de uso público y la asignación de las concesiones onerosas para proyectos productivos de gran magnitud, como hidrógeno verde, litio, minería. Por lo tanto, el diagnóstico que hay es que un ministerio que tiene más competencias en lo territorial es al que le compete estar a cargo de las concesiones marítimas. La tramitación de concesiones similares le toma al Ministerio de Bienes Nacionales un tiempo promedio de entre un año y un año y medio”.

Sobre la iniciativa patrimonial, la ministra Carolina Arredondo detalló que “Chile necesita una Ley de los Patrimonios Culturales que impulse la modernización, la protección y el cuidado de los patrimonios, estableciendo una nueva relación de confianza entre el sector patrimonial, los responsables de proyectos de inversión y las comunidades de las zonas protegidas. Una ley que reconozca tanto el patrimonio material como el inmaterial, que valore y promueva nuestra historia, y que a la vez asegure protocolos claros y eficientes”.

Contenido de las indicaciones
En el caso de Concesiones Marítimas se busca modificar el boletín 8.467-12, que ingresó el año 2012 y está paralizado desde 2013. El año pasado, el Gobierno inició el análisis de esta iniciativa y en términos generales concluyó que estaba desactualizada y se debían realizar modificaciones de relevancia a su contenido. Por ello se formó una mesa de trabajo con los ministerios de Defensa, Bienes Nacionales y otros con eventuales atribuciones, que determinó que la tramitación de estos permisos debe ser traspasada desde la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante del Territorio Marítimo (Directemar), dependiente de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, al Ministerio de Bienes Nacionales. 

El objetivo de este cambio es concentrar la administración de los bienes nacionales de uso público y fiscales en un solo ministerio, evitar duplicidad de funciones y así mejorar los tiempos de tramitación y gestión de las solicitudes de concesiones marítimas.

Respecto de los cambios al proyecto de ley de los Patrimonios Culturales, se busca modificar el boletín 12.712-24, ingresado en 2019. El año pasado, el Ejecutivo inició un proceso de participación ciudadana y otro de consulta a pueblos originarios y al Pueblo Tribal Afrodescendiente chileno, con cuyos insumos se elaboró la indicación. En síntesis, se modernizan los sistemas de autorización de forma ágil y justa a través de una institucionalidad que traspasa su régimen a organismos regionales en cada territorio. Así, se mantienen los estándares internacionales y se brinda mayor certeza jurídica a las instituciones de protección patrimonial, a los responsables de proyectos de inversión, a los propietarios y residentes de zonas protegidas, así como a la inversión pública y privada en general. 

El Consejo de Monumentos Nacionales pasará a ser el Consejo de los Patrimonios Culturales, lo que representa un cambio de paradigma en el entendimiento del patrimonio, donde se mantiene el resguardo de lo material, pero se amplía a también a la protección y reconocimiento de lo inmaterial y de los patrimonios de pueblos originarios y del Pueblo Tribal Afrodescendiente chileno.