La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó ayer por amplia mayoría y despachó al Senado el proyecto de ley que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea, cuyos objetivos son generar un mercado competitivo considerando la existencia de otras formas de juego actualmente legales (sorteos de Lotería y números de Polla/Lotería, actividad hípica), resguardar la fe pública, proteger la salud y la seguridad de las y los jugadores; transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos y contribuir a la recaudación fiscal. En la votación estuvieron presentes el ministro y la subsecretaria de Hacienda, Mario Marcel y Heidi Berner; la ministra de Interior, Carolina Tohá; el ministro de Justicia, Luis Cordero; y el ministro y la subsecretaria de Segpres, Álvaro Elizalde y Macarena Lobos.

En su intervención, la subsecretaria de Hacienda mencionó: “El objetivo principal de esta iniciativa es regular el mercado de apuestas en línea mediante la entrega de una autorización administrativa y, por sobre todo, busca resguardar el cumplimiento de las exigencias que apuntan a evitar la comisión de delitos, el lavado de dinero y al mismo tiempo proteger a los usuarios especialmente a niños, niñas y adolescentes, para lo que existirá una Política Nacional de Juego Responsable”. A modo de ejemplo enfatizó que hoy se desconoce quiénes son los dueños de estas plataformas y con la nueva normativa se establecerá la obligación de informar sus beneficiarios finales, lo que posibilitará conocer el origen y destino de los fondos y resguardar adecuadamente los conflictos de interés.

Berner también dedicó un agradecimiento a los diputados y diputadas de la Comisión de Economía: “En junio ingresamos un paquete de indicaciones, que recogieron las preocupaciones de los y las parlamentarias, por lo que el texto aprobado en esta instancia fue fortalecido respecto del original”. 

El proyecto, calificado con suma urgencia, establece un diseño regulatorio que equilibra tanto incentivos a la regularización, como sanciones muy severas a quienes se mantengan en la ilegalidad, otorgando nuevas atribuciones a la Superintendencia de Casino de Juegos (SCJ), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Subtel, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entre otras. “Se establece una fiscalización efectiva, ya que las plataformas deberán dar acceso remoto a sus sistemas tanto a la Superintendencia de Casinos de Juegos como al SII”, acotó la subsecretaria. 

Todo ello representa una mejora sustantiva respecto de la situación vigente, en que las plataformas ilegales proliferan sin estándares de protección a los usuarios, sin pagar impuestos, sin fiscalización y sin trazabilidad respecto del origen de los fondos y el destino de éstos. 

En definitiva, se crea un mercado semiabierto, donde —al igual que en el caso de los casinos de juegos— los operadores deberán cumplir requisitos formales como constituirse en sociedades anónimas cerradas en Chile, con objeto exclusivo, capital mínimo, y contar con hasta 10 accionistas.

Persecución del juego ilegal

Este proyecto corrige la inexistencia de herramientas para perseguir eficazmente el juego ilegal que ha llevado a la situación actual, en que, de acuerdo a información de la Superintendencia de Casinos y Juegos, más de 900 plataformas de apuestas operan fuera de la ley en Chile. Entre las principales medidas establece que:
•    Los medios de comunicación sólo podrán transmitir la publicidad o hacer promoción de plataformas autorizadas.
•    Se establecen normas de control de medios de pago, como el bloqueo general de las transacciones cuyo destinatario sea una plataforma no autorizada, y determinando la obligación de realizar dicho bloqueo en atención a si la transacción es o no transfronteriza.
•    Se prohíbe tener cuentas bancarias en el país a aquellas entidades que operen en nuestro país sin la autorización.
•    Los proveedores de internet deberán bloquear el acceso a plataformas no autorizadas y se prohíbe la descarga de apps de plataformas no autorizadas.
•    Se contemplan reglas de intercambio de información entre autoridades.

Además, se tipifican delitos a fin de asegurar la efectividad de la persecución penal que abarcan conductas como explotar plataformas no autorizadas; promover o participar en la publicidad de una plataforma no autorizada; abrir cuentas utilizando información falsa o vulnerando mecanismos de seguridad; utilizar cuentas ajenas o facilitar a terceros la propia; alterar o modificar un objeto de apuestas, afectando aleatoriedad; u obstruir la fiscalización entregando información falsa.

Protección de la salud y seguridad de las y los jugadores

El marco normativo propuesto crea una Política Nacional de Apuestas Responsables —aplicable a toda la industria del juego— en la que participarán la superintendencia del sector y los ministerios de Hacienda y Salud, que resguardará la práctica de apuestas responsables; la prevención de enfermedades relacionadas con las apuestas; y fijará las condiciones para la publicidad y promoción por parte de los operadores. La protección de niños, niñas y adolescentes se traduce en normas que les prohibirá abrir o mantener cuentas, exigiendo la acreditación de identidad; los objetos de apuesta no podrán motivar su participación; la publicidad o promoción no podrá orientarse hacia ellos; y se fijará una prohibición total de utilizar instrumentos de pago a su nombre. 

Las personas tendrán la posibilidad de autoexcluirse y señalar patrones de juego, que una vez incumplidos levantarán alertas para las personas usuarias. La superintendencia además podrá levantar otras alertas por patrones riesgosos comunes que pueda detectar como ente regulador.

Protección del deporte: financiamiento y medidas contra el tamaño de partidos

Se crean nuevas fuentes de financiamiento para el deporte, ya que las plataformas autorizadas deberán pagar un gravamen anual del 2% de los ingresos brutos sobre apuestas que recaigan en objetos de apuestas deportivos a favor del Instituto Nacional del Deporte (IND), el cual los distribuirá de la siguiente manera: un tercio a Federaciones deportivas que cumplan requisitos del artículo 32 literal g) de la Ley N° 19.712, del Deporte, que se repartirá entre ellas en partes iguales, eliminando deficiencia del proyecto original, que tendía a que solo algunos deportes sujetos de apuestas recibieran recursos; un tercio al  Comité Olímpico y un tercio  al Comité Paralímpico. 

También se modifica el artículo 5° del DL N° 1.298 de Polla, en virtud de lo cual 22% de los ingresos brutos de su sistema de pronósticos deportivos Xperto irán al IND en los mismos términos señalados anteriormente. Actualmente, 15% va a arcas fiscales y solo 12% al IND. Con ello se baja su carga impositiva total de 27% a 22%. 

Además, se incorpora una prohibición de realizar apuestas a quienes tengan incidencia en el resultado: jugadores, deportistas, presidentes de federaciones u organizaciones, directorios, organizadores, entrenadores, representantes, entre otros. Dicha prohibición se complementa con el delito de alterar o modificar un objeto de apuestas, afectando su calidad de incierto o desconocido.

“Se ha hablado bastante sobre los riesgos de amaños o arreglos de resultados de partidos, pero este proyecto prohíbe realizar apuestas a quienes tengan incidencia en los resultados. También se ha señalado que incluso se podría apostar por tarjetas amarillas o cobros o no cobros de penal, pero este proyecto de ley faculta a la Superintendencia a autorizar los objetos de apuestas, dentro de los cuales no considerará penales o tarjetas”, explicó la subsecretaria.
Régimen tributario

El sistema tributario propuesto para las plataformas de apuestas en línea se basó en el régimen vigente para los casinos de juegos físicos. Esta actividad será gravada con IVA por tratarse de un servicio de entretenimiento digital, lo que les permitirá a las operadoras recuperar créditos fiscales por los bienes que adquieran y servicios que contraten, como publicidad y software. Al igual que a los casinos de juegos, se les aplicará un impuesto específico de 20% que busca corregir la externalidad y que es acorde a la experiencia comparada. Para fomentar el juego responsable se aumenta la tasa del impuesto específico en 1%, con posibilidad de descontar desembolsos realizados por dicho concepto.