La Comisión de Hacienda del Senado inició ayer el análisis del proyecto de ley que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad (Boletín 16799-05), cuyo objetivo será promover y evaluar la eficacia, eficiencia y coordinación de las políticas, normas, planes y programas de los órganos de la Administración del Estado y las buenas prácticas regulatorias para aumentar la efectividad y oportunidad de la respuesta de los servicios públicos a los requerimientos de la ciudadanía.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, recordó que esta es una de las 12 reformas al Estado identificadas en el marco del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, por lo que se incluyó entre los 21 proyectos de ley contemplados en el fast track económico acordado por el Ejecutivo con las presidencias de ambas cámaras del Congreso. Además, destacó que con esta iniciativa se “busca aunar en una entidad especializada los esfuerzos que hoy realizan distintos organismos en materia de evaluaciones de políticas, planes y programas públicos y dar una mirada sistémica a los marcos regulatorios del país, a fin de generar una visión integrada de los resultados de las evaluaciones y del ciclo del impacto regulatorio, generando sinergias importantes”.

La subsecretaria explicó que en esta segunda tramitación legislativa, el Ejecutivo insistirá en reponer algunos puntos rechazados por la Cámara de Diputadas y Diputados. “Como Ejecutivo sostenemos que el proceso de nombramiento propuesto para las y los consejeros fortalece el modelo de la actual CNEP, considerando que se trata de un órgano de carácter técnico con altos niveles de independencia, ya que el Ejecutivo no interviene en la remoción de sus consejeros”, recalcó.

La propuesta del Ejecutivo establecía que esta agencia conste de un Consejo conformado por un presidente (a) y cuatro consejeros (as), remunerados con dieta por asistencia, designados por el Presidente de la República a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública, con el voto favorable de cuatro quintos de sus miembros por períodos de 5 años, tras los cuales podrán ser renovados por un período consecutivo (se irán cambiando por parcialidades, a razón de uno por año). Asimismo, el proyecto contempla que el jefe superior del servicio sea un director ejecutivo sujeto al Sistema del Alta Dirección Pública que dure 3 años en su cargo, renovable hasta dos veces.

También se rechazó el artículo donde se estipulaba que la jefatura del servicio radica en un(a) director(a) ejecutivo(a) —y no en el presidente de la Agencia—, sujeto íntegramente al Sistema de Alta Dirección Pública, con la responsabilidad de ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados por el Consejo y de la administración interna, entre otras funciones.

“Nosotros consideramos que esta agencia debe tener autonomía técnica para que ninguna autoridad política le diga cómo se evalúa ni cuál debiera ser el resultado de la evaluación, pero debe estar cercana a la toma de decisiones. Por lo mismo, proponemos que relacione con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. Su autonomía técnica estará dada por el sistema de el nombramiento de sus consejeros y su director ejecutivo”, aseveró la autoridad.

Contenido del proyecto

Esta agencia se crea sobre la base de institucionalidad existente: la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) y el equipo de evaluaciones ex post de la Dirección de Presupuestos.

La Agencia tendrá a su cargo la:

• realización de evaluaciones ex post de programas públicos de acuerdo a un Plan Anual de Evaluación de Resultados;
• promoción de buenas prácticas regulatorias acordes a estándares internacionales;
• realización de la evaluación de impacto regulatorio ex ante para proyectos de ley de iniciativa presiden¬cial, indicaciones sustitutivas del Ejecutivo y decretos supremos, asegurando que las regulaciones propuestas sean consistentes con objetivos de productividad y eficiencia;
• realización de estudios y evaluaciones y recomendaciones regulatorias y de gestión para atender problemas públicos, op¬timizar el desarrollo e implementación de políticas públicas y mejorar la productividad;
• elaboración de un informe anual sobre la productividad del país
• diseño y acompañamiento a la implementación de Planes de Mejora que incorporen las recomendaciones a partir de los resultados de la evaluación.

Como parte de su facultades podrá solicitar a otros órganos del Estado información y antecedentes necesarios para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, incluyendo aquella información bajo secreto tributario y estadístico.