La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, presentó esta tarde en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley para la simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica (Boletín N°17322-03), enviado el 7 de enero por el Ejecutivo. La iniciativa —que refleja el compromiso del Estado con la mejora continua de su sistema regulatorio— busca fortalecer la competitividad del país mediante ajustes normativos puntuales, que otorguen mayor certeza jurídica y faciliten la toma de decisiones de inversiones tanto en el ámbito público como privado que son urgentes para 2025.

Berner destacó que “la modernización y simplificación de las normativas es una tarea permanente.  Es vital para garantizar un crecimiento económico e inclusivo del país, estar atentos para remover los obstáculos que afectan la reactivación de distintos sectores y el impulso a la inversión. Por ello, con este proyecto queremos fortalecer la competitividad mediante ajustes normativos acotados que otorguen mayor certeza jurídica y faciliten la toma de decisiones, tanto públicas como privadas”.

En un escenario económico globalizado, contar con un marco regulatorio claro, predecible y armonizado es un requisito indispensable para atraer inversión, fomentar la innovación tecnológica y promover el desarrollo sostenible de sectores estratégicos. Este proyecto refleja el compromiso del Estado con la mejora continua de su sistema regulatorio y responde a la necesidad de adaptarse a los requerimientos de un entorno económico en constante evolución.

Con esta iniciativa, se busca contribuir a un crecimiento económico sólido y sostenible durante 2025, asegurando beneficios concretos y tangibles para todos los sectores de la sociedad chilena.

El contenido del proyecto considera 23 artículos permanentes y dos transitorios. El texto de 38 páginas aborda la Ley N°21.561 que modifica el Código del Trabajo y reduce la jornada laboral, y establece normas interpretativas para propiciar una correcta implementación de la ley de 40 horas, entregando mayor certidumbre a trabajadores y empleadores.

Asimismo, autoriza al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a transferir recursos al Fondo de Infraestructura S.A. para la adquisición y posterior arrendamiento de terminales de buses en el Gran Valparaíso. Y en cuanto a educación, se les permite a los sostenedores que, de manera extraordinaria, aumenten sus cupos para asumir la demanda insatisfecha de matrícula en la respectiva comuna, y que además puedan solicitar y acceder a subvención por los nuevos estudiantes que se matriculen desde una fecha anterior. 

Para proporcionar un marco normativo que promueva la formalización de las actividades económicas, la responsabilidad de los contribuyentes y la mayor recaudación por parte de las municipalidades, la iniciativa prorroga la vigencia de patentes comerciales provisorias que vencieron el 2024 y modifica el plazo de vigencia de las patentes provisorias otorgadas conforme al artículo 26 de la Ley de Rentas Municipales. Así, por un lado, se propone una regla especial para aquellas patentes otorgadas desde el término de la alerta sanitaria en septiembre de 2023, de manera de gestionar el vencimiento masivo de patentes en un mismo periodo y garantizar un trato equitativo a quienes obtuvieron sus permisos en fechas cercanas. Y, por otra parte, se plantea que el plazo inicial de las patentes provisorias sea de dos años, con una prórroga adicional de un año sujeta a la presentación de un plan de trabajo que detalle las acciones pendientes para obtención de la patente definitiva. 

El proyecto también incorpora mejoras a la Ley N° 21.094 para fomentar la flexibilidad en compras que sean realizadas por los centros de investigación e innovación, y explicitar la capacidad de las Universidades Estatales de comercializar bienes y productos derivados de sus actividades. Y modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 382 de la Ley General de Servicios Sanitarios, que reconoce de manera expresa un mecanismo especial de compensaciones al usuario y suspensión de cobro tarifario ante interrupciones no autorizadas o no justificadas de los servicios públicos sanitarios. 

Respecto de los permisos de edificación, el texto exceptúa transitoriamente a proyectos de construcción de viviendas de interés público de contar con autorizaciones de la Dirección General de Aguas (DGA) cuando sólo se afecten cauces artificiales y se cumplan los demás requisitos que se establezcan.