Por unanimidad, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general el Proyecto de Ley de Cumplimiento Tributario, tras haber alcanzado un Protocolo de Acuerdo con el Gobierno. Esta iniciativa estaba en análisis desde abril de este año en dicha instancia que recibió más de 40 audiencias de distintos expertos. Ahora, el proyecto debe ser aprobado en general en la Sala del Senado, y luego, según lo establecido en el Protocolo, una mesa técnica será la encargada de complementar el trabajo de la Comisión con miras a una pronta aprobación en particular.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, agradeció a los integrantes de la Comisión “por esta votación y por el apoyo a este protocolo de acuerdo. Hubiéramos querido que ocurriera un poco antes porque para nosotros es muy importante que este proyecto esté aprobado antes de que ingrese a la Ley de Presupuestos. Es importante destacar que con el procedimiento que está definido acá, particularmente con la constitución de la mesa técnica y los plazos que se dan para la misma, y también el horizonte que se plantea para la aprobación del proyecto, nos permite proyectar que vamos a tener Ley de Cumplimiento Tributario justamente antes del ingreso del proyecto de Ley de Presupuestos al Congreso”. Esto permitirá que en la elaboración del próximo erario -el último que gestionará esta administración- se puedan proyectar los gastos dada la mayor recaudación contemplada en este articulado.

El Protocolo de Acuerdo fue consensuado después de varias semanas de reuniones y “desde el punto de vista político no deja de llamar la atención, porque hoy en día no son muy comunes este tipo de instrumentos”, dijo Marcel. Además, la autoridad resaltó que este documento contiene una sección de principios, que es muy similar a lo emanado de los diálogos ciudadanos realizados por el Gobierno en 2022, previo a la elaboración y presentación de la Reforma Tributaria. “Siempre los principios son un buen lugar donde partir, siempre es bueno tener ciertos principios que, en primer lugar, permitan identificar en qué cosas estamos de acuerdo, lo que facilita mucho la discusión posterior", agregó.

En términos generales, este proyecto tiene tres pilares: combate la evasión, la informalidad y la elusión de impuestos. También contiene normas de modernización de la administración tributaria y el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente. En segundo lugar, genera mayores recursos para el Estado -busca recaudar 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB)- y, en tercer lugar, permite por esa vía, comprometer esos recursos adicionales para el financiamiento de la Reforma Previsional, y los compromisos en materia de seguridad ciudadana con tal de cumplir el aumento de US$1.500 millones en esta materia.

Contenido del Protocolo

El documento de acuerdo consta de 4 ejes: Principios; Materias en las que existen acuerdos básicos para avanzar y sustentar idea de legislar; Materias en las que se requiere una revisión en mayor profundidad; e Implicancias para las Finanzas Públicas. El objetivo es avanzar en el cumplimiento de las obligaciones tributarias desde una mirada de justicia hacia los contribuyentes, con igualdad de condiciones y buscando una mayor recaudación, lo que se complementa con una agenda pro-inversión, crecimiento económico y mejor gasto público.

En cuanto a Principios, a grandes rasgos, se concordó que el sistema tributario debe estar asentado en un marco jurídico claro, simple y justo para todos los contribuyentes; que garantice que el cumplimiento de las obligaciones sea percibido como justo y proporcionado por la ciudadanía. Además, combatir la evasión, entre otras cosas, a través de nuevas figuras penales modernas, y enfrentar la elusión con mecanismos que resguarden la legalidad, el debido proceso y la objetividad, por ejemplo.  También considera fortalecer la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) y mejorar sustantivamente la eficiencia del gasto público.

Respecto de las materias en las que hay acuerdos básicos, destacan avanzar en la norma antievasión, que incluye el combate a la informalidad y fortalecimiento y modernización del catálogo de delitos tributarios. Asimismo, hay un consenso en modernizar orgánicamente al Servicio de Impuestos Internos (SII), tanto en gobernanza como en su rol, considerando, entre otros: i) fortalecer su carácter de organismo técnico, ii) plazos máximos de permanencia en cargos de decisión, iii) el establecimiento de una entidad colegiada externa que opine sobre las estrategias de fiscalización del SII, iv) la despersonalización de las decisiones de mayor relevancia institucional.

Por otra parte, se trabajará en el fortalecimiento del rol que deben cumplir otras entidades vinculadas como el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería General de la República, junto con robustecer el funcionamiento de la Defensoría del Contribuyente, Dedecon.

En cuanto a las materias que requieren una revisión en mayor profundidad se menciona la figura del denunciante anónimo en un contexto exclusivo de delitos tributarios y de crimen organizado; y secreto bancario en los mismos ilícitos, para lo cual se buscará avanzar en un procedimiento judicial más expedito que el actual.

Ahora bien, en las materias que impliquen cambios a normas sustantivas, nuevos hechos gravados, cambios de base y modificaciones de leyes impositivas, serán objeto de la discusión en mesa técnica, a establecerse en un plazo de dos semanas desde la votación en general (desde hoy). En esa mesa se podrán identificar propuestas que se eliminarán del proyecto, otras que se trasladarán a otras iniciativas, propuestas que se reformularán en base al trabajo de esta mesa, y aquellas que serán resueltas en la votación en particular.

Todas las recomendaciones que emanen de esa instancia serán entregadas a la Comisión de Hacienda del Senado para completar la discusión en particular del proyecto, con el objetivo que el proyecto pueda ser despachado en los plazos acordados con la Mesa de la Cámara Alta en torno a las iniciativas del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Respecto a los cambios a la normativa anti-elusión general, las diferencias también serán discutidas en la mesa técnica, teniendo en consideración los cambios que se acuerden en la revisión de la orgánica del SII.

Finalmente, en el eje de implicancias para las finanzas públicas se concordó actualizar la estimación de mayor recaudación que se alcanzará en régimen y en la transición intermedia, precisar el destino prioritario de los recursos y adoptar una meta más desafiante de ahorro anual en recursos fiscales de 0,2% del PIB.

El protocolo también establece que, dados los incrementos estimados en los ingresos no tributarios, las metas de ahorro de gasto y los proyectos de ley en estudio sobre sala cuna y subsidio eléctrico, la mayor recaudación proyectada en este proyecto permitiría cubrir las necesidades de financiamiento de las medidas sociales establecidas en el Pacto Fiscal, sin requerir que otros proyectos tributarios contengan un incremento neto de recaudación.