La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley que crea convenios de pagos especiales con la Tesorería General de la República (TGR) para viabilizar el pago de la deuda asociada a los préstamos solidarios para transportistas menores de pasajeros (taxistas, colectiveros y servicios de transporte escolar, entre otros) contemplados en las leyes N°21.256 y N°21.323.

La iniciativa, calificada con urgencia de "discusión inmediata" fue despachada a la Sala. La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, explicó que los potenciales beneficiarios son los deudores con convenio vigente y al día, y los morosos con y sin convenio; a estos se les abre la opción de pagar en hasta 36 cuotas sin pie y para evitar reajustes, al momento de suscribir el convenio, se convertirá la actual deuda en UF a pesos. "Este proyecto de ley viene a despejar las preocupaciones planteadas por algunos beneficiarios, respecto de las acciones de cobranza iniciadas", explicó la subsecretaria.

En qué consistían los prestamos solidarios

Las leyes N°21.256 de 2020 y N°21.323 de 2021, facultaron excepcionalmente al Ministerio de Hacienda para conceder un préstamo estatal y solidario de apoyo a los microempresarios del sector transporte en el contexto de la pandemia. Para asegurar el pago de estos préstamos, se contemplaba la suscripción de convenios en condiciones especiales con la TGR hasta mayo de 2022, y además se vinculaba el pago de la deuda con la obtención del permiso de circulación, es decir que si había deudas impagas, éstas debían pagarse en conjunto con el permiso.

Los préstamos solidarios debían empezar a pagarse en septiembre de 2021 (Ley N° 21.256) y abril de 2022 (Ley N° 21.323), de lo contrario la TGR estaba obligada a iniciar acciones de cobranza extrajudicial para la recuperación de las deudas morosas.

En abril de este año se constituyó una mesa de trabajo entre los ministerios de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones y la TGR para buscar soluciones a deudores de préstamos solidarios ante la inminente imposibilidad de obtener el permiso de circulación. Los artículos 26 N° 2 y 28 de la Ley N° 21.578 de “reajuste al salario mínimo mensual” desvincularon la obligación de pago de la deuda de los préstamos solidarios de la obtención del permiso de circulación; y finalizada la tramitación del dicho proyecto se continuó analizando mecanismos para permitir regularizar las deudas.

La mesa técnica ministerial elaboró una propuesta de renovación de convenios especiales para facilitar puesta al día de los deudores. Dicha propuesta fue presentada a los gremios del sector el 21 de julio y se plasmó en este proyecto de ley.

De esta forma, la suscripción de un convenio de pago provoca la suspensión inmediata de las acciones de cobro judicial, mientras los beneficiarios se mantengan al día en el pago de las cuotas mensuales asociadas a aquel convenio. Tampoco se podrán iniciar nuevas acciones de cobranza extrajudicial y judicial mientras se mantenga tal situación.

De un universo de 102.781 préstamos entregadas por virtud de ambas leyes, 19.399 se encuentran con deudas saldadas, correspondientes al 18,9%, mientras que 83.382 (88,1%) están con algún tipo de morosidad. El 66% de los préstamos registra algún tipo de abono, mientras que respecto del 15,1% no se han suscrito convenios ni se ha realizado ningún tipo de pago o abono. En total se dispusieron $32.933 millones en créditos a este sector según información disponible al 28 de agosto de este año.

Cabe recordar que los convenios habituales de Tesorería (art. 192 del Código Tributario) están siempre disponibles para regularizar obligaciones de pago, pero cuentan con condiciones menos ventajosas que los convenios especiales (por ejemplo, menores plazos e incluyen multas e intereses).