“Como gobierno, creemos en la importancia del fortalecimiento de las organizaciones sindical y en la consolidación del diálogo tripartito para la concreción de los objetivos de política pública. Eso es lo que hemos puesto en práctica en las negociaciones por el salario mínimo; en la mesa del sector público para tratar diversas materias además del reajuste de las y los funcionarios, o en el proyecto de 40 horas que se acaba de aprobar”, dijo la subsecretaria Heidi Berner en la apertura del seminario “Desarrollo sustentable, integración regional y participación sindical”. La actividad organizada por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Las Américas, de la que es miembro la CUT, con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la OIT convocó para este 12 y 13 de abril a representantes de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, Coordinadora Andina y del Consejo Sindical Unitario de Centroamérica. 

Berner enfatizó en que potenciar la integración regional de las organizaciones de trabajadores y la participación sindical es un ámbito que ha sido y será clave para el desarrollo de los países y de la región, entre otras cosas porque son actores relevantes a la hora de acordar reformas de largo aliento: “En nuestro caso el dialogo tripartito en que participan las organizaciones sindicales permitió prontamente iniciado el gobierno implementar el plan Chile Apoya, con medidas para la contención de los precios en servicios y productos básicos a propósito de la importante inflación que tuvimos en 2022 y que este año esperamos llevar a valores de un dígito, para que las y los trabajadores y las personas de mayor vulnerabilidad no sufran las consecuencias económicas por la pérdida de poder adquisitivo”.

Relevó que este esfuerzo se realizó manteniendo las finanzas públicas sanas, logrando un superávit fiscal de 1,1% del PIB en 2022: “Este esfuerzo de consolidación fiscal es permanente, pero se ha realizado manteniendo el foco en una agenda de apoyo a las y los trabajadores y a la población de menores ingresos del país mediante un conjunto de políticas para avanzar al desarrollo sostenible. Así, en marzo recién pasado se promulgó la Ley de Medidas de Seguridad Económica, que considera un aumento excepcional del aporte permanente marzo (bono marzo), un incremento del 20% subsidio único y la asignación familiar y la creación de un bolsillo electrónico para complementar la compras en el rubro alimenticio”. 

Sin embargo, dijo que el país requiere avanzar en un conjunto de políticas que requieren mayor recaudación fiscal para sostener con ingresos permanentes gastos permanentes. Y que por ello el Gobierno está impulsando una reforma tributaria que permita financiar urgencias sociales como el sistema de cuidados, un alza significativa de la pensión garantizada universal, el aumento del per cápita de salud o el fortalecimiento de las policías y la agenda de seguridad: “Aunque se sufrió un revés en el Congreso con el rechazo a la idea de legislar, creemos en la necesidad de avanzar hacia un Pacto Tributario, que requiere de una escucha activa, en la que sean parte todos los actores, incluyendo por supuesto a las organizaciones sindicales. Por ello, desde fines de marzo estamos desarrollando los diálogos sociales y económicos con el apoyo de la CAF para la construcción de un pacto tributario que permita financiar de manera transparente y responsable el gasto social de Chile”. 

Estas conversaciones tomaron como base los diálogos realizados en 2022 y buscan generar una arquitectura tributaria a partir de datos e información estadística comparada. En ellas participan organizaciones sociales y gremios, incluyendo la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Pyme, académicas/os del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), organizaciones de la sociedad civil, profesionales del área tributaria y fiscalizadores. 

Los diálogos cubren los principios del sistema tributario, las prioridades del gasto, además de su eficiencia en el uso, rendición de cuentas y transparencia de las finanzas públicas, impuestos a las personas y las empresas, medidas para reducir la evasión y elusión, y para facilitar el cumplimiento tributario. Este proceso se condensará en un informe con los consensos y disensos.
“Creemos que es posible conciliar objetivos de responsabilidad fiscal y de crecimiento de la economía con una agenda social y de derechos que tiene en su centro avanzar hacia el trabajo decente y reducir la informalidad”, concluyó.