En el marco del debate del proyecto de ley que estableció un royalty minero, cuerpo legal que se promulgó la semana pasada, se acordó constituir una mesa técnica para adoptar las medidas necesarias que permitan reducir en un tercio el tiempo de tramitación de los permisos requeridos por los proyectos de inversión minera, sin que ello afecte el cumplimiento de la normativa ambiental u otras normas. Dicha instancia quedó constituida formalmente el viernes 28 de julio con la participación de representantes de los ministerios de Hacienda, Economía y Medio Ambiente; el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin); la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad; la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y el Consejo Minero.

Esta mesa, encabezada por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, tiene 60 días para identificar medidas presupuestarias, administrativas y legales necesarias para cumplir con dicho objetivo. En esta primera reunión se le encomendó a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad construir la línea de base que contemple la ruta crítica de permisos para proyectos de inversión minera sobre la base de los registros de los organismos públicos y los que aporten los gremios empresariales mineros, junto con monitorear y reportar los avances en el logro de la meta de la mesa técnica.

La subsecretaria destacó que el Ministerio de Hacienda estará representado a través de las coordinaciones Macroeconómica, Microeconómica y de Modernización del Estado y enfatizó en que es importante cumplir con el plazo para que las eventuales medidas presupuestarias alcancen a ser incorporadas en el proyecto de Ley de Presupuestos 2024. También planteó que la instancia puede ampliarse a nuevos actores que se identifiquen como claves para lograr el objetivo y que, en esta misma línea, se deben evaluar medidas administrativas que puedan implementarse en 2023 y 2024, las que se complementan con aquellas acciones legislativas comprometidas en el Pacto Fiscal para impulsar la inversión, como la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a la normativa de Monumentos Nacionales y al Sistema de Concesiones Marítimas.