Subsecretaria Berner: "El Pacto Fiscal incluye 38 medidas que permitirán impulsar el crecimiento, la inversión y la productividad"
Durante una exposición en el Círculo de Mujeres en Finanzas de Amcham Chile enfatizó que "el crecimiento económico no alcanza a financiar las necesidades y prioridades de gasto que demanda la ciudadanía, por eso estamos apuntando a un esfuerzo de mayor eficiencia del gasto público, a mejorar la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y un aumento de impuesto a la renta de las personas con mayores ingresos”.
“La política monetaria dio su primer paso en el camino a la baja de la tasa de interés, tendencia que contribuirá a impulsar la inversión. Pero es importante acelerar el ritmo y por eso el Pacto Fiscal tiene un componente importante de impulso al crecimiento, la inversión y la productividad”, afirmó la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, durante una exposición en el Círculo de Mujeres en Finanzas de Amcham Chile. Agregó que la expectativa es llegar a tener una inversión en torno al 27% del PIB y destacó que el último catastro de inversiones para el período 2023-2027 desarrollado por la Corporación de Bienes de Capital a junio, muestra un incremento de 35% respecto del reporte de marzo, contabilizando proyectos por un monto de US$ 37.847 millones de inversiones catastrados.
Tras exponer el contexto macroeconómico, afirmó que en los últimos 15 años el gasto público en Chile ha experimentado una tendencia ascendente sin un crecimiento equivalente de los ingresos fiscales, lo que ha generado déficits estructurales sostenidos y una creciente deuda pública, "que en todo caso permanece bajo el promedio de la OCDE". Agregó que por ello, más allá de que este gobierno ha hecho una profunda consolidación fiscal que permitió finalizar 2022 con un superávit fiscal efectivo de 1,1% del PIB y de 0,2% cíclicamente ajustado, reducir la inflación y estabilizar la deuda pública, se hace imperativo un Pacto Fiscal multidimensional que ofrezca un horizonte de estabilidad y progreso social para los próximos 10 años, permitiendo responder a las necesidades sociales urgentes de manera sustentable: “El crecimiento económico no alcanza a financiarlo todo, por eso estamos apuntando a un esfuerzo de mayor eficiencia del gasto público, a mejorar la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y un aumento de impuesto a la renta de las personas con mayores ingresos”.
La subsecretaria detalló la estructura y los componentes de este Pacto Fiscal, relevando que: "Incluye 38 medidas que permitirán impulsar el crecimiento, la inversión y la productividad. Estamos considerando incentivos tributarios a inversión en capital fijo y en proyectos con efecto multiplicador sobre la actividad, el empleo y la sostenibilidad ambiental; reformas regulatorias para reducir en al menos un tercio los trámites para la aprobación de proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, las Concesiones Marítimas y autorizaciones del Consejo de Monumentos Nacionales, más una ley marco que establezca mayores obligaciones de entrega oportuna de permisos en otras entidades públicas y municipalidades; fortalecimiento de incentivos a la inversión de las empresas en investigación y desarrollo; iniciativas y metas cuantitativas para aprovechar oportunidades de diversificación en minería sustentable, litio, energías renovables, hidrógeno verde y economía digital; y 17 iniciativas para reducir la informalidad por la vía de sanciones y controles a la actividad informal e incentivos y facilidades para formalizar empresas”.
También explicó que “el Pacto Fiscal incorpora medidas robustas en distintos ámbitos como mayor calidad y eficiencia del gasto público; calidad de servicio e innovación; transparencia e integridad; y disciplina y responsabilidad fiscal". Mencionó la “integración de las evaluaciones de programas que actualmente son de responsabilidad de la Dipres, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad en una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas; y el fortalecimiento de ChileCompra, ampliando en 35% la cobertura del sistema, incluyendo a corporaciones municipales y organismos autónomos, además de mecanismos de compra que permitirán un mejor acceso de las PYME como proveedoras del Estado”.