El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, señaló que la lucha contra la corrupción es, junto con el combate a la pobreza, uno de los principales desafíos que tiene hoy Latinoamérica.

“Estamos viviendo una crisis de confianza en las instituciones públicas tanto a nivel mundial como regional y Chile no está ajeno a esta crisis”, dijo la autoridad durante su intervención sobre ‘Medidas anticorrupción y sus beneficios económicos’, en el Taller organizado por el Congreso Nacional y el Banco Mundial, en la sede del Parlamento en Santiago.

Moreno, explicó que uno de los efectos económicos de la corrupción es, precisamente, que trae consigo incertidumbre y que la inversión disminuye debido a que la rentabilidad de los proyectos que se realizan de forma corrupta es menor. También, dijo, la asignación de recursos productivos es ineficiente, ya que es distorsionada por los incentivos de la corrupción.

“En el mediano y largo plazo, la corrupción afecta directamente el crecimiento; y, debido a las fallas en la asignación de recursos, la mano de obra no es debidamente remunerada de acuerdo a su productividad y sus méritos, lo cual genera inequidad”. sostuvo.

Apoyado en un PowerPoint, el subsecretario de Hacienda advirtió que mientras menos control hay de la corrupción, menor es la calificación crediticia de los países, y que un ejemplo de ello en América Latina es Venezuela. “Esto es sumamente importante porque hoy, el inversionista, mira el riesgo político; y uno de los aspectos más relevantes es precisamente la seguridad y estabilidad política de un país para invertir, el entorno legal y normativo, así como también el mercado interno y la estabilidad macroeconómica y tipo de cambio”, sostuvo.

También dijo que según encuesta CEP de abril de 2015 la corrupción se instaló en Chile como preocupación relevante ubicándose en el cuarto lugar después de la delincuencia, la salud, y la educación. Dijo que los casos de corrupción —como Penta, SQM y Caval—, dañaron indudablemente la confianza de la gente en las instituciones, siendo los más afectados los partidos políticos, según la encuesta nacional bicentenario 2017.

El acceso a la OCDE, continuó Moreno, le permitió a Chile asumir compromisos en materias anti-corrupción e implementar reformas y modificaciones legales. De esta manera, dijo, en el área de negocios, se enviaron iniciativas destinadas a la creación de una Comisión de Valores y Seguros, a prevenir y sancionar los conflictos de interés, a establecer nuevas exigencias de transparencia y responsabilidad de los agentes de mercado y, en materia política, se envió un proyecto destinado al Fortalecimiento de la Alta Dirección Pública, entre otros.

Entre las medidas administrativas que se adoptaron, Moreno señaló que las más relevantes dan cuenta del desarrollo de un sistema preventivo anti lavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos, a la evaluación de la implementación de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la entrega de lineamientos a todos los municipios para el uso adecuado de los recursos, la obligatoriedad del uso del portal “Empleos Públicos”, y el perfeccionamiento de la normativa de Compras Públicas para fortalecer las exigencias de probidad por parte de los compradores públicos.

También reforzó los avances que se han generado debido al Sistema de Alta Dirección Pública, al sistema nacional preventivo antilavado de dinero y anticorrupción en el sector público, y la Unidad de Análisis Financiero.

En ese sentido, explicó que, según el informe estadístico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) 2017, al 31 de diciembre de 2017, un total de 6.869 personas naturales y jurídicas están inscritas en su registro y, por tanto, están obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo.

Del mismo modo, informó que bancos, casinos de juego y empresas de transferencia de dinero fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo a la UAF en 2017.

En cuanto a las instituciones públicas, dijo, desde febrero de 2015 están obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones, remitieron 59 en total en 2017. “La UAF aparece hoy como una instancia que realiza una labor fundamental para asegurar la probidad y la transparencia en los distintos ámbitos del desarrollo productivo de nuestro país”, advirtió Moreno.

En conclusión, señaló el Subsecretario, las políticas anti-corrupción en el mediano y largo plazo son de suma relevancia puesto que la corrupción disminuye la inversión privada, reduce la recaudación tributaria, impacta negativamente en la calidad y cantidad de la infraestructura pública, reduce la formación de capital humano y afecta la competitividad.

Por ello, el subsecretario de Hacienda aseguró que la lucha contra la corrupción debe ser asumida como una política de Estado, con apoyo político transversal, y las repuestas frente a escándalos e irregularidades deben ser de carácter institucional. Eso, dijo, exige un Estado con capacidades para llevar adelante estos esfuerzos. “Ésta, debe ser una verdadera reforma de modernización del Estado, y el rol del Congreso Nacional es insustituible al dotar de sustento legal y permanencia en el tiempo a las reformas; es deseable, además, un mayor monitoreo de la sociedad civil y la creación de un Ecosistema Pro-Transparencia y yo los animo a continuar ese trabajo”, finalizó.